Pensamiento Crítico
por Vicenç Navarro
Juan Torres, entre muchos otros economistas, ha señalado las enormes
contradicciones existentes entre las promesas hechas por el Partido
Popular, claramente descritas en su programa electoral y en los
discursos del candidato Rajoy durante la campaña electoral, y las
políticas llevadas a cabo por tal partido una vez en el gobierno. Tales
contradicciones no pueden atribuirse a un error de cálculo, sino a una
estrategia bien definida de realizar lo que estaban ya preparados para
imponer a la ciudadanía española, ocultándolo con promesas que se han
convertido en enormes falsedades. Nunca antes durante el periodo
democrático, un gobierno había roto con mayor cinismo (y no hay otra
manera de definirlo) las promesas realizadas durante la campaña
electoral.
Este comportamiento ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas en la
vida política de España durante el periodo democrático. La supeditación
de la vida pública del país para satisfacer las necesidades partidistas
del partido gobernante, ha llegado a niveles desproporcionados, que ha
tenido un impacto opuesto al deseado. Retrasar, por ejemplo, la
presentación del presupuesto para el día después de las elecciones
andaluzas y asturianas, con el fin de ocultar las políticas sumamente
impopulares, subestimó dramáticamente la inteligencia de la población
española, y muy en especial de las clases populares, hecho que, aún
siendo generalizado entre las élites políticas y mediáticas del país,
alcanzó niveles democráticamente intolerables para un gobierno. Este
retraso en facilitar la información tuvo predeciblemente el impacto
opuesto al deseado por el manipulador gobierno Rajoy. La población
andaluza y la asturiana se alarmaron al querer ocultárseles el
presupuesto, pues muchos concluyeron que sería un presupuesto malo para
sus intereses y eso afectó al comportamiento electoral de manera opuesta
al deseado.
Tal retraso afectó también muy negativamente a la imagen del
gobierno, perdiendo credibilidad internacional, causa, en gran parte, de
que la prima de riesgo se disparara ocasionando un problema grave en el
pago de la deuda pública española. Este periodo de silencio intentaba
compensarlo Rajoy con declaraciones (que suponía, erróneamente, que
podrían mantenerse confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y
del BCE, en las que afirmaba que el programa de reformas sería muy
“agresivo” (término utilizado por el Ministro de Economía, el Sr. Luis
de Guindos) en contra de los trabajadores, y que le “costaría una huelga
general” (como indicó el presidente Rajoy). Estas declaraciones querían
tranquilizar a sus superiores, diciéndoles que tuvieran confianza en
él, que sería duro con las clases populares. Era el caso extremo de lo
que Noam Chomsky llama la guerra de clases unilateral que se convirtió
en bilateral a partir de la huelga general (ver su prólogo en el libro
Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, de
Navarro V., Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es, sin duda, el
más agresivo contra la España Social que haya existido en el periodo
democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un impacto
enormemente negativo para la gran mayoría de la población española.
Veamos los datos. El mensaje que el presupuesto del gobierno
transmite es que el gobierno Rajoy quiere dar la imagen de que el mayor
problema que tiene España es el elevado déficit público, y que para
resolverlo hay que recortar dramáticamente el gasto público, incluyendo
el gasto público social (que ya es el más bajo de la Unión Europea de
los Quince, el grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo
económico semejante al de España). Estos recortes, además de
desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso componentes
del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para resolver
el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y
social que tiene España. Recortar el gasto en infraestructura, I+D y
educación, junto con el gasto en formación profesional, es suicida. Y
empleo este término con todo rigor, pues tales medidas empeorarán
dramáticamente las posibilidades de que la economía se recupere y con
ello baje el déficit. La experiencia griega es el caso más claro del
error de tales políticas. También muestra una enorme insensibilidad
social, recortando gastos en sectores esenciales de ayuda a las familias
españolas, como la sanidad y los servicios de dependencia,
sobrecargando con ello a las familias (y en España, decir familia quiere
decir mujer). Son unos presupuestos antisociales, anti-familias y
anti-mujer. Sus medidas antisociales contribuíran al desempleo, pues
destruyen empleo en los escasamente desarrollados servicios públicos del
Estado del Bienestar (España tiene el porcentaje de la población adulta
que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar más bajo
de la UE-15). Es un presupuesto hostil al subdesarrollado Estado del
Bienestar español, forzando a las Comunidades Autónomas (que gestionan
la mayoría de los servicios públicos y transferencias del Estado del
Bienestar) a unos recortes que no podrán absorber.
Pero la mayor incoherencia del presupuesto aparece en el capítulo de
ingresos. Es bien conocido que hay tres maneras de reducir el déficit
público. Una es estimulando la economía, creciendo económicamente, lo
cual este presupuesto no conseguirá. Antes al contrario, este
presupuesto aumentará más la recesión. La otra manera es reduciendo el
gasto público, que es la vía escogida por este gobierno, medida que será
contraproducente, pues al eliminar elementos estimuladores de la
economía (consecuencia de la manera indiscriminada en que se han hecho
tales recortes), la reducción del déficit será muy limitada (sin excluir
su empeoramiento), como muestra claramente el caso griego. Y la tercera
manera es aumentando los ingresos al Estado mediante aumento de los
impuestos. Pues bien, en contra de lo que se ha publicado, este
presupuesto recorta los impuestos en lugar de aumentarlos. Veamos. Las
medidas impositivas del gobierno Rajoy se dividen en medidas
estructurales, es decir, medidas que durarán muchos años, y medidas
coyunturales, es decir, sólo por un par de años o poco más. Ni que decir
tiene que las intervenciones más importantes para definir el déficit
estructural son las intervenciones estructurales, no las coyunturales.
Pues bien, el gobierno Rajoy ha disminuido los impuestos para las rentas
superiores y medias, desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado
las deducciones fiscales por gastos financieros que favorece a las
rentas superiores. Querer reducir el déficit estructural y a la vez
bajar los impuestos estructurales es una contradicción y un enorme
error.
La subida de impuestos del IRPF (que grava sobre todo a las rentas
del trabajo) acentúa todavía más la dependencia de los ingresos del
Estado de las rentas derivadas del trabajo, con el agravante de que el
nivel formal de gravación para las rentas superiores es ficticio,
resultado del impacto regresivo de las múltiples deducciones y artimañas
legales que quedan permanentes. Y lo que alcanza niveles escandalosos
es la política de corrección del fraude fiscal, pues favorece su
permanencia y extensión, penalizando a los que no defraudaron a Hacienda
y exigiendo tributaciones a los que defraudan muy por debajo de las
exigidas al tributante promedio.
Es más, la mayoría del fraude fiscal (72%) en España, según los
técnicos de Hacienda, procede de las grandes familias, así como de las
grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y de
la banca. A partir de estas medidas de “supuesta corrección del fraude
fiscal”, tales grupos serán favorecidos para pagar menos impuestos de lo
que pagan la mayoría de contribuyentes al fisco.
La evidencia acumulada es que el presupuesto del gobierno Rajoy es un
medio para conseguir los objetivos políticos deseados, que consisten en
debilitar al Estado del Bienestar y diluir la protección social. Los
objetivos fiscales –la reducción del déficit- son imposibles de alcanzar
con este presupuesto, pues la única manera de reducirlo es creciendo
económicamente y creando empleo, incluso a base de hacer inversiones
destinadas explícitamente a crear empleo, lo cual ni siquiera se
considera en este presupuesto.
Una última observación. Soy consciente de que algunos lectores pueden
considerar exagerada mi definición del presupuesto Rajoy como el más
antisocial que haya existido en España durante la democracia. Invito a
tales lectores a que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en
su análisis “El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy
intenta reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos
recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad
la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las que
gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del Estado
del Bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus
exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de
tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del
sector público, con el enriquecimiento del sector privado, y muy en
particular de los bancos y de las compañías de seguros que han deseado
el desmantelamiento del Estado del Bienestar desde años. Lo dijo con
toda claridad el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Mario
Draghi, en una entrevista al Wall Street Journal (24.02.12) cuando
indicó que el Estado del Bienestar europeo no era viable. Y puso como
condición para comprar deuda pública española que se privatizara el
Estado del Bienestar, lo cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies
juntillas. Así de claro.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
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