Garantiza las prestaciones que los grupos parlamentarios quieren invalidar
La propuesta del PP, refrendada por CC y PSC, para homologar las ventajas sociales de que disfrutan los funcionarios del Parlamento a las del resto de la Comunidad Autónoma y administraciones públicas del Archipiélago incide directamente en el Estatuto de Autonomía, por lo que habría que proceder a la reforma de la 'Carta Magna' del Archipiélago si se pretende acabar con lo que los conservadores han calificado como "un agravio comparativo".
Tanto el presidente del Parlamento, Antonio Castro, como el máximo dirigente del PP, José Manuel Soria, se han referido a los beneficios sociales de los funcionarios de la Cámara como "privilegios", por lo que los Presupuestos de 2011 han mandatado a la Mesa a "restringir" antes de marzo "las ayudas sociales" que fueron otorgadas por la Cámara regional en 2001 a los empleados del Parlamento “y sus organismos dependientes" y "corregir los desequilibrios" que las mismas suponen respecto al resto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, esta decisión vulnera la Disposición Transitoria Sexta del Estatuto de Autonomía, pues la máxima norma del Archipiélago recuerda que la mayoría de los trabajadores de la Cámara regional procede de las Mancomunidades Provinciales Interinsulares, por lo que "les serán respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan en el momento del traspaso".
Es en base a este mandato estatutario por el que en mayo del año 2001 el entonces presidente de la Cámara, el conservador José Miguel Bravo de Laguna, fundió en un solo Reglamento la regulación de "las mejoras sociales del personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias".
Este reglamento, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento nº 92 de la V Legislatura, es el que recoge las ayudas para estudios, las ayudas médica, por natalidad, sepelio y minusvalía, el seguro de vida y accidentes o el premio de jubilación que han sido contestados por los diputados conservadores porque las mismas serán eliminadas desde enero para el resto de empleados públicos canarios por mandato del Gobierno regional.
Con todo, el reglamento de Bravo de Laguna no fue más que una compilación de otros acuerdos que, desde 1990, reguló el nacionalista Victoriano Ríos en base al Estatuto de Personal del Parlamento que aprobó en 1986 el socialista Pedro Guerra.
Precisamente, el estatuto de 1996, basándose en el Estatuto de Autonomía, afirmaba que uno de los derechos de los funcionarios de la Cámara regional era "una adecuada protección social sin que las prestaciones reconocidas puedan ser inferiores a las previstas en el régimen de Seguridad Social a los funcionarios de la Administración Civil del Estado".
Precisamente, es esta protección estatutaria la que dificulta que la Mesa de la Cámara pueda adoptar el acuerdo contemplado en la Ley presupuestaria de 2011 con el apoyo de todos los grupos, además de que la Junta de Personal del Parlamento considera que el mismo contraviene el artículo 28.1.2 del Reglamento, en el que se dice que le corresponde a la Mesa "elaborar el Presupuesto" y presentarlo ante el pleno de la Cámara, pero en ningún caso se afirma que el plenario pueda modificarlo.
Es más, fuentes parlamentarias consultadas por ACN Press inciden en que estas prestaciones sociales no son exclusivas del personal de la Cámara regional, pues también están contempladas en el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de Santa Cruz y que, en ambos casos, son superiores a las estipuladas en el Parlamento.
Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.com/noticias.php?accion=detalle&id=11048
La propuesta del PP, refrendada por CC y PSC, para homologar las ventajas sociales de que disfrutan los funcionarios del Parlamento a las del resto de la Comunidad Autónoma y administraciones públicas del Archipiélago incide directamente en el Estatuto de Autonomía, por lo que habría que proceder a la reforma de la 'Carta Magna' del Archipiélago si se pretende acabar con lo que los conservadores han calificado como "un agravio comparativo".
Tanto el presidente del Parlamento, Antonio Castro, como el máximo dirigente del PP, José Manuel Soria, se han referido a los beneficios sociales de los funcionarios de la Cámara como "privilegios", por lo que los Presupuestos de 2011 han mandatado a la Mesa a "restringir" antes de marzo "las ayudas sociales" que fueron otorgadas por la Cámara regional en 2001 a los empleados del Parlamento “y sus organismos dependientes" y "corregir los desequilibrios" que las mismas suponen respecto al resto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, esta decisión vulnera la Disposición Transitoria Sexta del Estatuto de Autonomía, pues la máxima norma del Archipiélago recuerda que la mayoría de los trabajadores de la Cámara regional procede de las Mancomunidades Provinciales Interinsulares, por lo que "les serán respetados todos los derechos de cualquier orden y naturaleza que les correspondan en el momento del traspaso".
Es en base a este mandato estatutario por el que en mayo del año 2001 el entonces presidente de la Cámara, el conservador José Miguel Bravo de Laguna, fundió en un solo Reglamento la regulación de "las mejoras sociales del personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias".
Este reglamento, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento nº 92 de la V Legislatura, es el que recoge las ayudas para estudios, las ayudas médica, por natalidad, sepelio y minusvalía, el seguro de vida y accidentes o el premio de jubilación que han sido contestados por los diputados conservadores porque las mismas serán eliminadas desde enero para el resto de empleados públicos canarios por mandato del Gobierno regional.
Con todo, el reglamento de Bravo de Laguna no fue más que una compilación de otros acuerdos que, desde 1990, reguló el nacionalista Victoriano Ríos en base al Estatuto de Personal del Parlamento que aprobó en 1986 el socialista Pedro Guerra.
Precisamente, el estatuto de 1996, basándose en el Estatuto de Autonomía, afirmaba que uno de los derechos de los funcionarios de la Cámara regional era "una adecuada protección social sin que las prestaciones reconocidas puedan ser inferiores a las previstas en el régimen de Seguridad Social a los funcionarios de la Administración Civil del Estado".
Precisamente, es esta protección estatutaria la que dificulta que la Mesa de la Cámara pueda adoptar el acuerdo contemplado en la Ley presupuestaria de 2011 con el apoyo de todos los grupos, además de que la Junta de Personal del Parlamento considera que el mismo contraviene el artículo 28.1.2 del Reglamento, en el que se dice que le corresponde a la Mesa "elaborar el Presupuesto" y presentarlo ante el pleno de la Cámara, pero en ningún caso se afirma que el plenario pueda modificarlo.
Es más, fuentes parlamentarias consultadas por ACN Press inciden en que estas prestaciones sociales no son exclusivas del personal de la Cámara regional, pues también están contempladas en el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de Santa Cruz y que, en ambos casos, son superiores a las estipuladas en el Parlamento.
Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.com/noticias.php?accion=detalle&id=11048
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