Gracias al papel desempeñado por la Fiscalía canaria, tanto por acción como por omisión, nos hemos quedado sin enterarnos de qué hubiera ocurrido si se investigaran algunos escándalos relacionados con el mundo político y empresarial, o para mayor concreción, con casos y cosas del Gobierno de Canarias. A las prisas de la fiscalía por archivar sin la apertura de diligencias judiciales debemos, por ejemplo, que José Manuel Soria no tuviera que responder jamás de las acreditadas mentiras que vertió en una comisión de investigación, la del concurso eólico. El Ministerio Público, para mejor proveer, prefirió creer al presidente del PP antes que a la secretaria del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que certificó plenamente (como lo hubieran hecho una docena de testigos si los hubieran llamado a declarar) que Soria estaba en la reunión de ese órgano que otorgó ventajas al empresario Javier Esquivel. La Fiscalía tardó más de un mes en verificar ante el Parlamento de Canarias la condición de diputado de José Manuel Soria, y cuando comprobó lo que todo el mundo sabía, empezó a estudiar el asunto en profundidad para concluir que, de haber mentido, tampoco era para tanto. Ni para tontos.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13413/
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