lunes, 13 de septiembre de 2010

El golf que nos endilgó Pepa

DOS EMPRESARIOS ANUNCIAN QUE SE HACEN CARGO DEL CAMPO MUNICIPAL DE LA MINILLA

El golf que nos endilgó Pepa

La noticia aparentemente buena de que dos empresarios grancanarios quieren hacerse cargo de la gestión del campo de golf de La Minilla, de propiedad municipal, ha hecho resucitar de nuevo los desastres de gestión dejados por nuestros admirados Pepe y Pepa, Soria y Luzardo, tal para cual. Quien fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Hernández, en compañía de Manuel González, de Polican, son los valientes que se han atrevido a la hazaña, según publicó ayer La Provincia. No entramos ni salimos en lo que quieran arriesgar dos empresarios, pero sí en la necesidad de que esta vez sí se fijen las garantías precisas para que unas instalaciones así no sean un lastre para el Ayuntamiento, que lleva seis años pagando el agua sin recibir ni una perra chica de lo pactado en la concesión: 50 años a razón de 70.000 euros al año. Las cosas de nuestra Pepa con su Evemarina, en quiebra total (Evemarina, nos referimos, que la de Pepa todavía es parcial). Lo que no acabamos de entender es cómo unos empresarios asumen una deuda de 12 millones (10 de ellos con Cajacanarias) sin asegurarse la continuidad al frente de la concesión, que el alcalde Saavedra anunció este mismo lunes que saldrá próximamente a concurso

Atascos en la PAU de septiembre

A ALGÚN PORTENTO SE LE OCURRIÓ MANDAR ASFALTAR EL DÍA MENOS PROPICIO
Atascos en la PAU de septiembre

Meses de verano disponibles, con un tráfico rodado bastante controlable, y a algún portento del Cabildo sólo se le ocurre mandar a asfaltar los accesos del Campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Tafira el mismo día que se comenzaban las pruebas de la PAU de septiembre. El follón de tráfico fue este lunes absolutamente demencial, con padres, alumnos y profesores incrementando su estado de nerviosismo y de estrés por un elemento externo absolutamente evitable. Todos se preguntaban lo mismo: ¿no podrían haberlo hecho cuatro días antes o cuatro días después? ¿Tanto trabajo cuesta coordinar tareas incómodas con la institución académica para conocer los días de menos perjuicios? Seguramente será mucho pedir dada la ingente cantidad de obra pública que se contrata en plena crisis.

S.O.S. DE LA EDUCACIÓN CANARIA

COMUNICADO DE PRENSA
S.O.S. DE LA EDUCACIÓN CANARIA

Los últimos cambios impuestos por la Administración Educativa Canaria, sin negociación previa con las organizaciones sindicales, referentes al Reglamento Orgánico de Centros Educativos y a la organización y funcionamiento de centros, no sólo consiguen vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza sino también el derecho constitucional a la educación que posee nuestro alumnado. Suponen un atropello a la calidad educativa en la enseñanza pública.

Canarias, 10 de septiembre de 2010
Hace solo unos días nuestras organizaciones manifestaban la situación agónica en la que se encuentra la educación en Canarias y este caótico inicio de curso con enormes restricciones e imposiciones viene a confirmar nuestras aseveraciones. La falta de profesorado en los centros educativos, la masificación de las aulas con ratios por encima de las permitidas, el retraso del inicio de clases en múltiples centros, la anulación de los apoyos pedagógicos en los centros de Infantil y Primaria, la eliminación de la hora y media de refuerzo en matemáticas y lengua al alumnado con retraso en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO.), la reducción de la oferta de asignaturas optativas, la reducción de las horas para el seguimiento de la formación en los centros de trabajo así como las horas de coordinación de ámbito en la F.P., la insuficiente oferta del servicio de los comedores escolares vital para las familias en tiempos de crisis, la imposición de un plan de sustituciones que supondrá la puntilla al servicio público educativo,…, solo confirman la mala política que ha venido imponiendo este Gobierno.
Con la imposición el día 31 de agosto de las instrucciones de comienzo de curso, la Consejería de Educación ha superado su capacidad de ingenio para acabar con el servicio público educativo, pues condena al alumnado que se encuentra sin profesor por baja o ausencia justificada del mismo a estar en una guardería, vulnerando flagrantemente el derecho constitucional a la educación.
El plan de sustituciones que se pretende imponer, sin diálogo ni negociación, a los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria conlleva los siguientes agravios:
1.- Se ataca directamente a la calidad de la enseñanza pues se pretende que prevalezca en los centros el principio de guardería o de aparcamiento de alumnos por encima del fundamental principio de educación. Se suspenderán las acciones educativas tutoriales, el trabajo colegiado del profesorado, la atención al servicio de bibliotecas y demás servicios educativos que no sean de atención directa con alumnos para cubrir sustituciones. Consideramos que esta medida es claramente injusta e ilegal y además atenta directamente al derecho constitucional a la educación que tiene el alumnado.
2.- Se impide que el profesorado pueda realizar su trabajo en condiciones mínimamente adecuadas atacándose directamente a la profesionalidad de este sector.
3.- Se atropella el derecho a la negociación colectiva puesto que se imponen modificaciones sustanciales de condiciones laborales y profesionales fundamentales del profesorado, sin sentarse a negociar con sus representantes.
4.- Asimismo estas imposiciones producen una discriminación de la sociedad, de las familias, del alumnado, del profesorado y de la Educación en Canarias, respecto de los niveles de calidad de la enseñanza impartida en el resto de las comunidades del Estado, lo cual vulnera el artículo 14 de la Constitución Española.
5.- Este nuevo marco generará un estado de ánimo en la labor educativa que sin lugar a dudas repercutirá también de forma negativa en la actividad docente. El tremendo malestar y desánimo en los Claustros, equipos directivos y el alumnado ya se está dejando notar en la comunidad educativa.
Estas medidas impuestas unilateralmente por la Administración son injustas, claramente ilegales, y atentan contra el principio constitucional del derecho a la educación, provocando que las organizaciones sindicales firmantes de este comunicado hagamos esta denuncia pública y un llamamiento a las familias, al alumnado y al profesorado para que actúen en contra y se facilite la búsqueda de soluciones.
INSUCAN, UGT y CC.OO. exigimos la inmediata paralización de dichos planes de sustituciones y la apertura inmediata de negociación colectiva entre la Administración y los representantes del profesorado para llegar a un acuerdo que solucione tan magno disparate.
Hacemos un llamamiento a los Claustros y a los Consejos Escolares de todos los centros de Canarias para que voten en contra de dichos planes de sustituciones hasta que no se llegue a un acuerdo.
Para el caso que la Administración intente obligar a los equipos directivos a imponer dichas medidas, estas organizaciones proponemos que los directores y directoras con sus equipos directivos al completo, al unísono y en reuniones de las direcciones por zonas, presenten la dimisión, oponiéndose así a las imposiciones antidemocráticas que pudieran devenirse. 
FETE- UGT                             CC.OO.                           INSUCAN

Empleo debe 3,3 millones en becas a 7.600 parados

Empleo debe 3,3 millones en becas a 7.600 parados

Algunos afectados deberían haber cobrado del Gobierno hace más de siete meses

El Servicio Canario de Empleo debe 3,3 millones de euros en concepto de becas para costear el desplazamiento, la minusvalía, la conciliación y manutención a casi 7.600 parados sin grandes recursos económicos de todas las Islas que concluyeron entre marzo y julio sus cursos de formación. Algunos afectados deberían haber cobrado hace más de siete meses, según admite la Consejería autonómica.
Una llamada de teléfono cambia su estado de ánimo. Lleva parado bastante tiempo, y el Servicio Canario de Empleo le comunica que debe acudir a un programa de formación para su reinserción laboral. Está obligado, porque lleva el suficiente tiempo en las listas y legalmente debe cumplir con la propuesta para no ser sancionado. Además, la duración de hasta seis meses remunerados supone un buen atractivo. Dada su precaria situación económica, la lejanía de su domicilio, el hecho de tener a menores a su cargo o bien sufrir una minusvalía le garantizan el derecho a unas becas variables, a razón de su situación personal.
Con un gran esfuerzo por su parte, ya que los recursos no sobran en su casa, sufraga inicialmente por su cuenta el transporte. Empleo le garantiza su reembolso al final del curso tanto por el kilometraje, a razón de 19 céntimos por kilómetro, como el resto de ayudas complementarias para garantizar su asistencia, sin que eso le supusiera un trauma económico para su maltrecho bolsillo. Al igual que perciben un dinero cuando tienen a su cargo bebés para que puedan acudir a las clases.
Sin embargo, lo que no esperaban estos alumnos, algunos de los cuales debieron cobrar en marzo, y en el mejor de los casos antes de agosto, es que aún hoy sigan esperando este cheque del Servicio Canario de Empleo.
Por su parte, el director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Alberto Génova, admite que el problema afecta en conjunto a casi 7.600 personas, de las cuales 4.591 viven en la provincia de Las Palmas y el resto en la de Santa Cruz de Tenerife.
Génova defiende que ya han comenzado a pagar estas subvenciones, con lo cual esperan resolver el problema en los próximos días. Sin embargo, el responsable de Formación de Comisiones Obreras, Francisco Javier Hernández, replica que hasta el viernes no tenía constancia de que los alumnos hubiesen estado percibiendo ese dinero como afirma el responsable de Empleo

CCOO denuncia que el Gobierno canario impide las asambleas de los funcionarios

CCOO denuncia que el Gobierno canario impide las asambleas de los funcionarios

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, denunció hoy la actitud del Gobierno canario de impedir que se celebren asambleas informativas de funcionarios ante la huelga general del próximo miércoles 29 de septiembre.
En un comunicado se asegura que según una resolución de la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad canaria, los funcionarios no podrán disfrutar del derecho a celebrar una asamblea informativa, lo que, a juicio de Pedro Moreno, "contrasta con la predisposición a la negociación que muestra hoy el director de la Función Pública en un medio de comunicación".
Según el sindicato, "la actitud de inflexibilidad del Gobierno canario en la interpretación de la ley contrasta, asimismo, con la flexibilidad con la que interpreta las leyes cuando éstas favorecen a los empresarios".
Para Comisiones Obreras, esta resolución demuestra que la intención del Gobierno canario es llevar a cabo una estrategia para dificultar todo lo posible la realización de la huelga general, "lo que está en consonancia con la actitud de complicidad que Coalición Canaria ha venido mostrando con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la reforma del mercado laboral".
Pedro Moreno indicó que "no obstante todos los obstáculos que quieran poner, el Gobierno canario no va a impedir con estas tretas que los trabajadores ejerzan el derecho fundamental a la huelga".

Los sindicatos canarios advierten que sólo contemplan servicios mínimos en atención a urgencias

Huelga general.- Los sindicatos canarios advierten que sólo contemplan servicios mínimos en atención a urgencias

Advierten que todos los trabajadores están amparados en la constitución para parar el próximo 29 de septiembre y aseguran que no caben servicios mínimos salvo en aquellos servicios de urgencia
Arteaga (CCOO) Fonte (UGT)
Los sindicatos UGT y CCOO en Canarias han advertido este lunes en rueda de prensa que para la huelga general del 29 de septiembre sólo contemplan servicios mínimos en aquellos relacionados con urgencias, y esperan que el Gobierno canario lo asuma para que no haya "más conflictos de los necesarios".
En concreto, el secretario general de UGT Canarias, Juan Francisco Fontes, dijo que "amparados por el derecho constitucional de ir a una huelga general" sólo habrá "servicios mínimos en urgencias y no se contempla ningún tipo de servicio mínimo como si fuera de un centro de trabajo".
El secretario general de CCOO Canarias, Juan Jesús Arteaga, por su parte, dijo esperar que al Gobierno canario "no se le va vaya la mano" con la fijación de servicios mínimos. "Y no tengamos más conflictos de los necesarios", confió.
Los secretarios generales de CCOO Canarias y UGT Canarias, Juan Jesús Arteaga y Francisco Fonte, recuerdan al Gobierno de las islas que una huelga general, como la prevista a nivel nacional para el 29 de septiembre, "sólo tiene servicios mínimos de urgencias". Fonte especificó que "en hospitales, por ejemplo", pero que una convocatoria como esta "no contempla los servicios mínimos de otra".
Fonte y Arteaga han hecho estas declaraciones tras darle registro de entrada a la convocatoria de huelga general en el registro de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, para que la curse a todos los departamentos y estos establezcan los servicios mínimos. El documento lo han presentado con copia dirigida al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero; el consejero de Empleo, Jorge Rodríguez y el de Presidencia, José Miguel Ruano.
Los sindicalistas explicaron que la huelga convocada es en protesta por la política económica y social del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que dijeron que "se está equivocando una vez más", y "debería contemplar la revisión de todas las políticas de ajuste". De hecho, esperan que después del 29 de septiembre, "se vuelva a la senda del diálogo social", señaló Arteaga.
Fonte insistió en que la reforma laboral aprobada la semana pasada "no insertará a ningún trabajador, y terminará con los contratos indefinidos existentes". Por ello advirtió que "lo que viene es mucho más duro", porque "nos quieren llevar a empezar de cero, acabar con todos los derechos laborales y posponer la jubilación a los 67 años". Así que, afirmó, "esta huelga es en defensa propia".

Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/27402/1/

CCOO denuncia que los empleados públicos canarios son los más perjudicados por el 'decretazo'

CCOO denuncia que los empleados públicos canarios son los más perjudicados por el 'decretazo'

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias denunció este lunes la falta de criterios y de gestión de las empresas públicas cuya titularidad corresponde al Gobierno de Canarias. En reunión celebrada por los representantes sindicales de las empresas públicas y la FSC-CCOO Canarias se puso en evidencia la falta de gestión y coordinación entre los gestores de las empresas públicas, ya que el Gobierno de Canarias mediante la Ley 7/2010, de 15 de julio, que modifica la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, pretende aplicar a las empresas públicas recortes que van más allá del 5% de los salarios previstos por el Real Decreto 8/2010 del Gobierno de Zapatero.
Así se constata que los trabajadores de las empresas públicas del Gobierno de Canarias, en aplicación de preceptos básicos de una ley estatal, y, de aplicación en todo el territorio español, son los que saldrán peor parados de todo el Estado en el esfuerzo de contención del gasto público. Así, de llevarse a cabo la aplicación de la Ley Canaria, tal y como la definió el Gobierno de Paulino Rivero y de José Manuel Soria, habrán empleados de las empresas públicas que sufrirían recortes muy superiores al 5% previsto en el Decreto del Gobierno del Estado, estableciéndose un agravio comparativo entre los trabajadores de Canarias, ya de por sí, con los salarios más bajos de todo el Estado.
Como quiera que además, los recortes previstos para las empresas públicas solamente podrán llevarse a cabo mediante acuerdo en la negociación colectiva, la aplicación de la propia Ley se convierte en todo un ejercicio de inventiva para su aplicación, con amenazas de despidos, ERES, aplicaciones inmediatas, etc.
Por ello, la FSC-CCOO Canarias denuncia "este burdo chantaje por parte de los gestores de las empresas públicas y que viene a demostrar la manifiesta incapacidad de los gerentes de esas empresas para llegar a acuerdos para gestionar en un contexto de crisis el déficit existente, debido, en muchas de esas empresas públicas a los excesivos costes salariales de los directivos y no, precisamente, de sus trabajadores".
A tal fin, y con el ánimo de no enturbiar aún más las precarias relaciones laborales en esas empresas, la FSC-CCOO Canarias solicitará una reunión urgente con la viceconsejera de Hacienda del Gobierno de Canarias para poner fin a la incertidumbre a la que se encuentran sometidos los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas, en el marco de la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011.

Soria no tiene Verguenza


Soria lanza un órdago a Rivero y critica a las televisiones autonómicas
El líder del PP admite que la crisis ''no era'' el momento más adecuado para arrancar la Policía Canaria
El presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, aseguró este lunes que las televisiones autonómicas "no se justifican ni en España ni en ninguna comunidad autónoma" y apostó por que pasen a ser gestionadas como cooperativas por los propios trabajadores de cada medio.

"No se justifican ni en España ni en ninguna comunidad autónoma, empezando por las del PP. Ni en valencia, ni en Murcia, ni en La Rioja, ni en Madrid, ni en Galicia. No se justifican las televisiones autonómicas y eso lo digo aquí y en el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, como lo he dicho", sentenció en una entrevista recogida por Europa Press a el programa 'El Drago', de la Cadena Ser en Canarias.
   En todo caso, Soria explicó que como "han pasado muchos años desde que las televisiones autonómicas están en marcha, hay una realidad laboral y social" con los trabajadores y sus familias que hay que resolver.
   Por ello, apostó por una modificación de "la Ley del tercer canal para pasar a ser gestionadas directamente por cooperativas de todos los trabajadores". "Son ellos los que conocen el medio, son ellos los que tienen el capital humano, son ellos los que lo pueden hacer. Los gobierno autónomos ganarían una barbaridad, dejarían de tener que financiarla y además estos trabajadores tendrían una herramienta que sería suya propia", aseveró.
  
Para Soria, ésa sería una solución "válida" para toda España y, por tanto, "lo que es valido para toda España también lo es para Canarias", aunque eso sí "contando con la opinión de los trabajadores, ya que no es lo mismo un problema con 100 trabajadores que con 260 familias".


NO COMPARTE LA POLICÍA CANARIA EN LA CRISIS

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, ha reconocido este lunes que la actual situación de crisis económica no hacía "el momento más adecuado" para poner en marcha la Policía Autonómica Canaria.
   "Este Gobierno actúa en todas sus decisiones como un sólo Gobierno. Es la decisión de un solo Gobierno. Pero si hubiera dependido sólo de mi, ¿éste era el momento? No. Pero insisto, es una decisión de todo el Ejecutivo, y cuando uno no tiene mayoría en un Gobierno, no puede imponer su criterio", explicó.
   El presidente del PP canario indicó que cuando negoció con CC el pacto de Gobierno "ésto [la Policía Canaria] no era uno de los objetivos" de su programa electoral "pero uno tiene que negociar y acordar".
     
"Si hubiese dependido únicamente de la decisión de mi partido en estos momentos, lógicamente, no habría sido el más adecuado", matizó.
 

miércoles, 8 de septiembre de 2010

EL GOBIERNO HA OCULTADO UN PATINAZO ANTE EL CONSTITUCIONAL

EL GOBIERNO HA OCULTADO UN PATINAZO ANTE EL CONSTITUCIONAL

Un recurso inadmitido por extemporáneo

Cuenta Antonio Morales en su artículo, con la sabia prudencia que le caracteriza pero con la contundencia de quien maneja información de calidad, que el mapa eólico marino elaborado por el Gobierno de España fijó como áreas de exclusión (no susceptibles de convertirse en parques eólicos) el corredor entre Gran Canaria y Tenerife y toda la costa Este de Gran Canaria, justo las zonas de más potencialidad eólica. El Gobierno del Estado lo justificó en base al tráfico marino y a la existencia de espacios de protección medioambientales, argumentos que, a juicio de Morales, podrían rebatirse en parte con estudios propios. La Mancomunidad del Sureste, de la que forma parte Agüimes, ha pedido reiteradamente informes para instalar parques eólicos marinos en Canarias, lo que llevó al Gobierno a anunciar el 1 de septiembre de 2009 la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por un conflicto de competencias ante la aprobación de estudios energéticos y ambientales por parte del Gobierno de España. Sorprendentemente, el recurso ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional por haberse presentado fuera de plazo. Tal negligencia lleva a Antonio Morales a lamentar que el Gobierno de Canarias no ponga el mismo interés para las energías alternativas que el que manifiesta con tanta pasión para la implantación del gas.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12776/

UNA NEGLIGENCIA EÓLICA DEL GOBIERNO NACIONALISTA CANARIO

EL ALCALDE DE AGÜIMES REVELA UNA NEGLIGENCIA EÓLICA DEL GOBIERNO NACIONALISTA CANARIO

La sabiduría prudente de Antonio Morales

Tienen toda la razón los que en el seno de Nueva Canarias quieren promocionar a Antonio Morales para otros puestos de responsabilidad pública. Si nadie demuestra lo contrario, puede considerársele el mejor alcalde que ha tenido jamás Canarias, como proclama la inmensa mayoría de los agüimenses y como se le reconoce en muchos ámbitos de la política regional, nacional e internacional por sus actuaciones en materia de menores, educación, urbanismo, industria y hasta energía. Su techo político no tiene más límite que el que de manera miope le está imponiendo Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, que no quiere soltar la poltrona del Cabildo no vaya a ser que venga alguien y lo haga rematadamente bien. Antonio Morales es capaz de tocar todos los palos de la política y de la gestión. Su última aportación a la causa ambientalista y la sostenibilidad energética la tenemos en un artículo publicado en CANARIAS AHORA desde el lunes, artículo que le recomendamos porque revela una grave negligencia nacionalista del Gobierno nacionalista que tenemos.

Cuidado, que va a rezar por todos

INCLUIDA LA GUARDIA CIVIL, LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO

Cuidado, que va a rezar por todos

El blog de Soria se llama como él, José Manuel Soria, nombre al que el vicepresidente del Gobierno añade una enigmática afirmación a modo de subtítulo: "Porque somos canarios". Y decimos enigmática porque no queda bien explicado si "porque somos canarios", Soria tiene un blog; si "porque somos canarios", elegimos a este tipo de políticos, o si, sencillamente, el bloguero eligió la frase porque se la sugirió de manera brillante esa lumbrera que tiene como asesor de prensa, Juan Santana, el rey del sms. Lo más inquietante de la entrada de este martes es que Soria anuncia que va a rezar por todos, lo que automáticamente nos ha llevado a sentirnos aludidos. Compruébenlo ustedes mismos: "Le rezaré [a la Virgen del Pino] y le pediré por mis seres queridos que ya no están, empezando por mis padres. Por mi familia y por mis amigos. Incluso por quienes no lo son. Y pediré por quienes más sufren los estragos de la crisis económica en forma de desempleo y, lo que es aún peor, perdida de toda esperanza y de confianza en el futuro. Le pediré por las personas que están enfermas y también por quienes se ocupan de nuestra seguridad como ciudadanos, por la Policía Local, por la Guardia Civil por la Policía Nacional y por nuestros militares". Eso, eso, que no falten las fuerzas vivas, y más en momentos tan convulsos. Pero por nosotros, que no se moleste, que nos puede sentar mal.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12778/

Soria, con sobredosis de incienso

TRAS LA MISA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA, DE PEREGRINO A TEROR
Soria, con sobredosis de incienso


Las imágenes que todos pudimos ver el lunes de la cúpula nacional pepera en la catedral de Santiago de Compostela eran verdaderamente impagables. Con Mariano Rajoy y Nuñez Feijóo presidiendo una función religiosa, en los planos aparecieron dirigentes del PP de todas las regiones, incluida Canarias, por supuesto, reivindicando la reserva espiritual de occidente frente al laicismo de los demonios socialistas. Tras contemplar a Mariano en posición genuflexa ante el obispo oficiante, y al botafumeiro extendiendo sahumerio por toda la basílica, las cámaras hicieron un somero recorrido por la primera fila, donde aparecía nuestro José Manuel Soria informal pero elegante (con americana y sin corbata), junto a un circunspecto Alberto Ruíz Gallardón que parecía estar en otro lado. Parecía como si el alcalde de Madrid no tuviera muy claro si mirar a su derecha (José Manuel Soria, el del salmón) o a su izquierda (Francisco Camps, el de los trajes y la financiación irregular del PP valenciano). De la capital espiritual española Soria debió venirse con una sobredosis de incienso, porque con un exacerbado sentimiento religioso, al día siguiente, este martes, escribió den su blog una apasionada defensa de su espiritualidad y su fervor mariano verdaderamente conmovedora. Y todo para poderse meter en los párrafos finales con el hereje de Zapatero tras la desaparición de los honores militares a las patronas y patronos religiosos. Una ofensa que lleva al presidente del PP canario a hablar de una obsesión del socialista contra los cristianos españoles, a los que persigue por tierra, mar y aire, y terminará echando del suelo patrio como Felipe III hizo con los moriscos

Suben el sueldo a la Policía Canaria

Suben el sueldo a la Policía Canaria para evitar el regreso a sus cuerpos de origen
El incremento, de 208 euros, fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 26 de agosto ante la amenaza de muchos agentes, principalmente de la provincia de Las Palmas, de regresar a sus cuerpos de seguridad de origen, donde cobraban más. El Gobierno justificó el aumento a través de una "corrección de errores".

Los agentes de la Policía Canaria están autorizados a cobrar 208 euros más de lo que venían percibiendo hasta ahora desde el pasado 26 de agosto. Ese día, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó una modificación del Catálogo Provisional de Puestos de Trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria consistente en incrementar 10 puntos, uno de los conceptos que rigen el sueldo de estos funcionarios.
En concreto, el complemento modificado y al que el Gobierno dio su visto bueno hace apenas una semana fue el específico singular. Los puntos iniciales eran 70 para el comisario jefe; 65 para el comisario principal; 63 para el comisario brimo (Brigada Móvil); 56 para el comisario URO (Unidad de Recursos Operativos); 53 para el subcomisario brimo; 40 para el subcomisario uro; 45 para el inspector brimo; 32 para el inspector uro; 40 para el subinspector brimo; 29 para el subinspector uro; 35 para el oficial brimo; 27 para el oficial uro; 29 para el policía brimo; y 19 para el policía uro. A éste complemento se suman otros como el de destino o el específico general.
Aunque en la rueda de prensa posterior al citado Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, no dio cuenta del cambio, fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario justificaron la modificación en una "corrección de errores" del Catálogo de Puestos de Trabajo, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en julio de 2008, que no se había detectado hasta ahora.
Sin embargo, distintas fuentes sindicales consultadas por este periódico aseguran que el "error" -que fue publicado ayer en el BOC- con el que el Ejecutivo justificó el incremento de sueldo no fue tal y esconde una circunstancia más grave.
Según esta fuentes, el aumento de salario que implica la suma de diez puntos al complemento específico singular -a razón de 20,86 euros por punto- está motivado por la amenaza de abandonar el cuerpo autonómico que varios agentes de la Policía Canaria, principalmente de la provincia de Las Palmas, lanzaron hace algunas semanas al Gobierno que preside Paulino Rivero. Indican estas fuentes que un grupo de funcionarios que llegó a la Policía Canaria procedentes de otras fuerzas de seguridad -Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales- amenazó con regresar a sus cuerpos de origen, puesto que en ellos cobraban más que lo que percibían en el cuerpo autonómico.
Es más, según detallaron estas fuentes, de haberse llevado a cabo la amenaza de estos policías, los agentes que ingresaron en la Policía Autonómica por oposición no hubiesen podido seguir desempeñando su labor en la calle, pues hasta que completen su periodo de formación tienen que ir acompañados de un veterano.
Éste fue el motivo, según las fuentes sindicales consultadas, por el que el Ejecutivo se apresuró a modificar el Catálogo Provisional de Puesto de Trabajo de la Policía Canaria sin pasar, siquiera, por la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Funcionario. "Éste era el órgano que debía aprobar esa subida", subrayan.
Las fuentes sindicales explican que, en cualquier caso, el incremento de 208 euros aprobado por el Gobierno canario para la Policía Canaria sólo será efectivo para las doce pagas generales que recibirán los agentes y no se aplicará a las pagas extras, pues, según detallan, en el caso de este último sueldo, sólo se abona el complemento específico general, y no el específico singular.
Como se recordará, la Policía Canaria inició su labor en la calle, tras varios meses de formación, a principios de julio. Su primera actuación tuvo lugar en las Fiestas Lustrales de la Virgen de Las Nieves, en La Palma, a la que han sucedido otras como Candelaria, en Tenerife.

martes, 7 de septiembre de 2010

Y se hacen los locos con Pamparacuatro

EL CGPJ SUPEDITA A LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL JUEZ DE 'UNIÓN'

Y se hacen los locos con Pamparacuatro

La magnitud del dispendio económico que está costando a todos los canarios la implantación del programa informático Atlante II contrasta con la secular tacañería de la Consejería de Presidencia y Justicia para otras cosas de mayor enjundia. Por ejemplo, esta semana hemos conocido que el Consejo General del Poder Judicial ha autorizado al juez César Romero Pamparacuatro una comisión de servicios para que continúe instruyendo el complejo sumario del caso Unión, en Arrecife de Lanzarote, al tiempo que se hace cargo de su nuevo destino como juez en La Laguna. Pero la decisión del órgano de gobierno de los jueces, fíjense qué cosas, está supeditada a que la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias disponga unas cantidades económicas para los traslados aéreos del juez entre una isla y la otra cada vez que tenga que presidir alguna diligencia para mejor proveer. No está esa consejería para darle mucho oxígeno a Pamparacuatro, especialmente si tenemos en cuenta que una de las principales imputadas en la operación Unión es María Isabel Déniz, que viene siendo asesora de la Viceconsejería de Justicia y hermana de la titular de ese departamento, Carolina Déniz. Por cierto, dicen en la consejería que la viceconsejera está hasta las narices de la política, que piensa pedir su reincorporación a la carrera judicial y que, siguiendo la estela de Pamparacuatro, quiere un juzgado en Tenerife.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12783/

Más dinero para la empresa del desaguisado

ACCENTURE DEBÍA CONOCER LO QUE PROGRAMABA

Más dinero para la empresa del desaguisado

Efectivamente, el pasado 25 de octubre Presidencia y Justicia adjudicaba un concurso urgente, negociado y sin publicidad (ole, que ole y olé) convocado para "la contratación del expediente complementario para el desarrollo del proyecto de creación de nuevas plantillas de tramitación para Atlante II y la ampliación de personal para la implantación de dicha aplicación, en el marco de la realización de los servicios de gestión de las aplicaciones informáticas de Tramitación Procesal (atención telefónica, soporte, mantenimiento, actualización y desarrollo), implantadas en los órganos de la Administración de Justicia radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias". El adjudicatario, claro está, no podía ser otro que la empresa que resultó a su vez ganadora del concurso primigenio para implantar el Atlante II, Accenture, S.L. Se trata de una nueva adjudicación complementaria por importe de 484.009,52 euros (excluido IGIC) a destinar a confeccionar y aplicar un instrumento que ya existía en el Atlante I y que, por motivos que ignoramos por completo, alguien descartó para Atlante II. Pero si es un error en el diseño de la herramienta informática, ¿cómo es posible que se corrija premiando a la empresa con más dinero público? Porque debemos descartar que algún lumbrera de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia le haya dicho a Accenture que aquellas plantillas no hacían falta para nada. ¿O no debemos descartarlo tan alegremente?

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12784/

RUANO SE GASTA OTRO MEDIO MILLÓN EN 'ATLANTE II'

El cachondeo de las plantillas judiciales

José Miguel Ruano, consejero
de Presidencia y Justicia.
Alguien debería explicar con urgencia cuánto nos lleva costando a los canarios la implantación del nuevo programa informático Atlante II, que como su propio nombre indica, sustituye a Atlante I como herramienta para la Administración de Justicia en Canarias. Será todo un arcano, ya verán, como ese famoso invento de Soria del Sefcan del que perdimos la cuenta cuando superaba los 17 millones de euros y sumía a los funcionarios en la desesperación y la desconfianza. Sí, lo han leído bien, 17 millones. Atlante II, como habrán leído, ha entrado como elefante en cacharrería en la Administración de Justicia provocando un auténtico caos donde ya había bastante desconcierto y, consecuentemente, mayor carga para los operadores judiciales y un retraso a añadir al legendario del que todos hablamos de modo recurrente. Uno de sus males principales ha sido la desaparición de las llamadas plantillas de tramitación, unos moldes utilizados por funcionarios, jueces y secretarios, para la redacción de todas sus diligencias. Pues bien, para subsanar un problema que no existía en Atlante I, la Consejería de Presidencia y Justicia acaba de adjudicar un concursito de 480.000 euracos de nada

CON EL NOMBRAMIENTO DE UNA POLICÍA COMO DIRECTORA GENERAL

CON EL NOMBRAMIENTO DE UNA POLICÍA COMO DIRECTORA GENERALFernando

La FEHT critica el último ''desatino'' de la Consejería de Turismo

Fraile pide una "persona cualificada" para el cargo y Roberto Moreno cree que "no es el momento de estar haciendo experimentos".

Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), ha asegurado que en el sector se han visto "muy desagradablemente sorprendidos" por el nombramiento de una policía local de Pájara como directora general de Promoción Turística, pese a las justificaciones dadas por la consejera del Gobierno de Canarias Rita Martín.

"Hasta aquí habíamos llegado ya en esta serie de desatinos en relación con la Consejería de Turismo", dijo Fraile en declaraciones al programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, al tiempo que recalcó que en ese tipo de puestos "hacen falta personas muy cualificadas". No obstante, y pese a no tener "ni idea de por qué destituyeron" a la anterior directora general, dijo que "tampoco cumplió con su cometido" y tuvo "muy poca participación".

Roberto Moreno, presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, mostró también su "sorpresa" por este cese cuando "estamos en la recta final" de la legislatura y "no es el momento de estar haciendo experimentos". Por ese motivo criticó que el mayor aval de la nueva directora general sea "su militancia en el PP" ya que "no es del sector" y no tiene experiencia.

"Todo va enlazado", interpretó a su vez el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Fuerteventura, Leonardo Fernández. En su opinión este nombramiento es muestra de que en su partido "están empezando a mover ficha para la promoción de futuros candidatos electorales" para 2011.

Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/148814/

Miles de parados esperan cobrar las becas de Empleo desde hace 9 meses


La desesperación de algunos de estos canarios en paro es tal que han denunciado en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude lo que consideran un posible delito porque los cursos están cofinanciados al 80% por el Fondo Social Europeo. En los ocho primeros meses de 2010 han sido 12.000 los alumnos de estos ciclos.

 DORY MERINO, Tenerife
Si ya es agobiante estar desempleado, la angustia se agudiza para los parados que se han visto en la obligación de realizar los cursos del Servicio Canario de Empleo (SCE) y llevan nueve meses sin cobrar las becas, por ejemplo, para el transporte, como es el caso de los miles de canarios que se han tenido que desplazar desde su municipio hasta otra localidad para participar en esa formación.
La desesperación de algunos de estos canarios ha llegado hasta tal extremo que se han decidido a denunciar en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude lo que consideran un posible delito, teniendo en cuenta que los cursos para desempleados del SCE están cofinanciados al 80% por el Fondo Social Europeo.
Uno de los afectados por esta situación es un tinerfeño que responde a las iniciales V.R., desempleado desde hace dos años, quien relató ayer a este periódico que lleva nueve meses esperando la beca prometida por el SCE, en su caso, para el transporte. Matizó que la deuda del SCE asciende a unos 800 euros. Explicó que realizó el ciclo de formación que le ofertó Empleo durante tres meses y tuvo que trasladarse desde su municipio hasta Santa Cruz, durante el último trimestre de 2009.
Asimismo, manifestó que el SCE le indicó que el dinero que él tenía que adelantar para realizar el viaje de ida y vuelta le sería abonado al final del curso, es decir, en enero de este año.
Desde entonces, cuando se acerca a preguntar por esta deuda recibe la misma respuesta del SCE: "Pagaremos en los próximos días".
Esa fue la contestación que recibió ayer. La misma que escucha desde hace nueve meses.
Este tinerfeño asegura que es una situación difícil, sobre todo cuando la economía familiar "está maltrecha", como es su caso, puesto que su pareja también se encuentra en paro.
Ellos forman parte de los 260.794 parados que figuran en Canarias, según los datos del SCE con fecha del pasado jueves.
Este periódico solicitó al SCE que precisara el número de personas que están afectadas por estos retrasos, pero la entidad no facilitó este dato. Sin embargo, fuentes de Comisiones Obreras (CCOO) afirmaron que, según los datos puestos sobre la mesa por la propia consejería en el Consejo General de Empleo, el pasado miércoles, en los meses que llevamos de 2010 han sido 12.000 las personas que han realizado estos ciclos formativos, a los que hay que sumar los de 2009.
Grupo en Facebook
Las redes sociales como Facebook también han sido el cauce para unir a este colectivo. Uno de estos desempleados afectados por el impago ha creado allí el grupo hartosdelmamoneodelserviciocanariodeempleo, al que se han adherido unas veinte personas con la misma problemática.
Por su parte, Alberto Génova, director general del SCE, indicó a este periódico, a través de su gabinete, que el retraso del pago de las becas se debe a "dificultades en la incorporación de remanentes por parte de la Consejería de Hacienda".
Aseguró que se trataba de un "problema contable" y recalcó que el pago "estaba asegurado".
En cambio, el responsable de Formación en el sindicato Comisiones Obreras de Canarias, Francisco Javier Fernández Martín, manifestó ayer que conocía este problema y precisó que su organización ya lo ha denunciado.
En su opinión, "el Gobierno canario se ha dormido en los laureles y es el responsable de los percances que están padeciendo los miles de canarios desempleados que se han visto en la obligación de participar en cursos ofertados por el SCE".
Este periódico también contactó con algunas de las entidades colaboradoras del SCE que imparten los cursos y tampoco han cobrado este año, pero todas señalaron que todavía están en plazo, teniendo en cuenta que esta subvención se abona en el último trimestre.
Una carta al director
Otra afectada, en este caso una madre de familia, remitió una carta al director de este periódico, que fue publicada hace unos días, en la que solicitaba si se podía averiguar qué pasaba con las subvenciones estatales para el Fondo Canario de Empleo. Ella es la portavoz del grupo de desempleados que asistieron a un curso que empezó en septiembre de 2009 y finalizó el pasado mes de junio.
La historia es la misma que la del resto de afectados, aunque, en su caso, se suma que también tiene derecho a la beca de conciliación familiar, por tener hijos menores de seis años a su cargo.
Señala que, además de no haber recibido la ayuda, el SCE ha rebajado el importe del transporte, de 6,50 euros por día a 2,60.
Critica esta dejadez de deberes del Gobierno canario y afirma que las familias en paro ya sufren bastante para tener que adelantar dinero o verse en la necesidad de pedirlo prestado y no poderlo devolver.
Tal y como difunde el SCE en su página web, para 2010 se ofertan cursos para desempleados en las siete islas del Archipiélago.
Son 60 páginas en las que se detalla la convocatoria de los cientos de cursos para este año.
Francisco Javier Fernández Martín, de CCOO, recordó que ahora "es obligatorio participar en estos ciclos para no perder el paro", después del anuncio que acaba de hacer el Ministerio de Trabajo

Agresiones a los empleados públicos

Por Rafael Lutzardo

Las agresiones físicas y verbales en muchos sectores del mundo laboral profesional de las distintas autonomías española, incluyendo, el Archipiélago canario, en lo que respecta a los últimos diez años, viene siendo preocupante, variados y múltiples. Sectores como enseñanza y medicina han venido siendo víctimas directas de las citadas agresiones físicas contra médicos, psicólogo, enfermeras, auxiliares de clínicas, celadores. Alumnos y padres de los mismos, junto con determinados pacientes que acuden bien sea por revisiones médicas; consultas, dolencias patológicas, especialmente en los pasillos de urgencias de los respectivos hospitales y centros de salud, han sido víctimas de agresores violentos y sin el más mínimo rigor de respeto hacia unos profesionales que solamente intentan cumplir con su deber.
Unos, para salvar vidas. Otros, para enseñar los conocimientos culturales más elementales que todo ser humano tiene derecho en su primear fase de formación y preparación en el mundo de la enseñanza secundaria. En su momento, en una información publicada en el periódico El País, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apostó por considerar como atentado las agresiones graves a maestros y médicos, como propuso también en su momento la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña. Del mismo modo, el fiscal general del Estado, apoyó el criterio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de considerar como atentado contra funcionario público, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años, las agresiones a maestros y médicos para "reforzar la seguridad" del profesorado y de quienes son "indebidamente agredidos".
Para ello, los artículos 550 y 551 del Código Penal, que recogen el delito de atentado, castigan con penas de prisión a "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas". Sin embargo, el propio fiscal general del Estado, reconoce que el mencionado artículo del Código Penal, su aplicación, tal y como está redactado, a maestros y médicos, comporta dificultades técnicas-jurídicas, pero que se trata de una posibilidad legal que debe de utilizarse sólo en los casos en los que se den situaciones de gravedad. Lo cierto, es que profesionales de estas ramas han venido siendo víctimas de personas violentas y sin escrúpulos. Es hora que la Ley se defina contra éstos salvajes violentos.
También, los agentes del orden público que velan por la seguridad de los ciudadanos en muchas ocasiones se ven afectados por este tipo de violencia físicas o verbales; funcionarios/as y laborales de muchas consejerías de las comunidades de las distintas autonomías de España y Canarias. Es hora pues, que los agresores contra los empleados públicos tengan su merecido, pero a través del peso de la Ley. Por su puesto que las edades son bastante significativas y complejas a la hora de poder aplicar la Ley, pero si eres menor para agredir a un empleado/a público o un ciudadano de la sociedad que sea, también es persona para ser juzgada y condenada.

Los sindicatos se unen ante los ''atropellos'' del proyecto de la Ley de Función Pública


Exigen una administración sin tintes políticos

La portavoz del sindicato Co.bas Canarias, Elisa López, ha informado este martes la constitución de una iniciativa de los empleados públicos en el archipiélago que nace ante "los atropellos del Gobierno de Canarias" y que repercuten en los ciudadanos.

López explicó en declaraciones a Europa Press que en la propuesta que fue presentada este martes en Tenerife se defienden unos servicios públicos "eficientes" e "independientes de la actividad política". Además de su sindicato comparten la iniciativa CSC-OCESP Convergencia Sindical Canaria, SIC, USO, CSIF y STPAC. López dejó la puerta abierta para que se sumen otras organizaciones con representación en la administración pública.
La portavoz indicó que el proyecto de Ley de la Función Pública de todas las Administraciones de Canarias que el Gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa, "intenta buscar progresivamente la politización de la Administración Pública y de sus empleados, así como el recorte de los derechos de los empleados públicos  de Canarias".
Según un documento que han suscrito "el propio Gobierno intenta hurtar con esta Ley que perdurará en Canarias durante al menos los próximos 20 años, el debate entre los empleados públicos de las distintas Administraciones de la Comunidad Autónoma -Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, universidades- y sectores -Sanidad, Enseñanza, Administración General, Justicia, Empleo y demás Servicios Públicos- con  mesas técnicas para debatir el proyecto de Ley, con ausencia de buena fe negocial en las mismas, y donde ni siquiera están presentes los representantes de los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos y las universidades canarias, y conseguir tramitar una Ley en pocos meses".

NI DIÁLOGO, NI COMPROMISO

   El texto sigue señalando que "la falta de capacidad de diálogo que existe en el gobierno de Canarias y la falta de compromiso real de nuestro Gobierno en cuanto a una Administración cercana y eficiente al servicio del ciudadano, es más que palpable con esta Ley, con la cual intenta abrir la puerta de las administraciones públicas a muchas personas afines a los Partidos políticos, sin cualificación profesional en el sector público, así como recortar y conculcar derechos sociales que tienen los empleados públicos en leyes de mayor rango normativo".
   A juicio de los sindicatos, el desarrollo de la Ley de la Función Pública en Canarias es un paso importante y necesario en un proceso de reforma de las Administraciones Públicas, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en Canarias a las necesidades de nuestro presente y futuro, en línea  con las reformas que se vienen emprendiendo en todo el País y en los países Europeos.
  
Añaden que la ley debe partir de la premisa de la "defensa" del sector público como pilar esencial del estado social consagrado en la Constitución. "Asimismo debe figurar como motivo de la ley la necesaria estabilidad en el empleo público, como garante de la imparcialidad, la eficacia y la eficiencia de sus empleados, frente a la politización alarmante que existe en nuestra Administración Pública en Canarias, el respeto a los derechos adquiridos por los empleados públicos, la necesidad de articular medidas consensuadas para una progresión profesional en la Administración y el reconocimiento del servicio público que se presta a los ciudadanos, entre otros", argumentan.