TRINIDAD JIMÉNEZ DICE QUE HAY CONTROL SOBRE LOS MATERIALES PELIGROSOS. Roldós no comenta nada

Mercedes Roldós prefirió escudarse este lunes en el secreto del sumario y en la situación sub iudice de las investigaciones para eludir cualquier pronunciamiento sobre la seguridad que impera en los hospitales canarios en el almacenamiento y dispensación de materiales peligrosos. La cuestión se la formularon los periodistas en relación a la sospecha de que el presunto asesino de la enfermera Laura G. hubiera podido acceder y llevarse para casa metales como el talio custodiados por el hospital donde trabaja, el Insular. Sí se pronunció la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, quien aseguró que esos productos se almacenan con total seguridad y existen estrictos protocolos para su dispensación. Lo de la señora Jiménez lo vamos a dejar en el terreno de la suposición, porque el ministerio no tiene las competencias sobre la sanidad canaria y nada se sabe de que se estén aplicando aquí las normas generalmente establecidas en el mundo civilizado. No hemos quedado sin conocerlo porque la consejera Roldós hizo mutis sub iudice, que se llama, en lugar de ofrecer tranquilidad a la ciudadanía, como hizo cuando nos enseñó a estornudar con el vértice del codo cuando aquella gripe A.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/12473/

ILEGALIDAD REDUCCIÓN SUELDO FUNCIONARIOS

UGT NOS REMITE ESTAS DOS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE REDUCCIÓN DE SUELDOS

"Os adjunto la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29/05/1995, adoptada en el Recurso de Casación nº 1311/1995. Ver el Fundamento Jurídico 4º, que alude a otras dos Sentencias anteriores del mismo Alto Tribunal, del año 1.989, -Jurisprudencia Consolidada-, y a la que se remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la recentísima Sentencia de éste último de fecha 25/02/10 -Rec. 360/2007 -Ver Fundamento Jurídico 2º- de ésta última.

Sentencia

En suma, el Alto Tribunal dice en el F. J. 4º de la citada Sentencia, que los Poderes Públicos, -en nuestro caso el Gobierno mediante Real Decreto Ley, que deberá ser aprobado por el Congreso , recordemos que la norma debe tener rango de Ley-, pueden cambiar la estructura de las retribuciones como mejor le parezca, pero debe mantener el montante consolidado de las citadas retribuciones, mediante la técnica de los complementos absorbibles por futuros aumentos. Es decir, que nos pueden congelar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero no pueden disminuir el montante consolidado de las retribuciones, pues ahí si que opera el concepto de derechos adquiridos, como avala la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo.

Sentencia

Conviene hacerlo circular, porque el citado R. D.-Ley 8/2010, en lo que afecta a la bajada de las retribuciones de los funcionarios, huele a inconstitucionalidad; de momento, está en contra de los pronunciamientos reseñados del Tribunal Supremo en esta materia, que constituyen Jurisprudencia consolidada.

Granadilla supera el viento aconsejado para maniobrar

Granadilla supera el viento aconsejado para maniobrar

El límite de viento aconsejable para hacer maniobras sin peligro potencial para buques y tripulaciones se supera en el litoral de Granadilla el 58% del año
 

Estos datos figuran en el informe pericial solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y elaborado por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, en concreto por el capitán Fernando Lucas Correa, en febrero de 2009, con los datos relativos a la velocidad del viento en el litoral de Granadilla de 1995 a 2005.

Según los datos extraídos del informe y que hoy difundieron miembros de la Plataforma en defensa del puerto de Santa Cruz, en Granadilla de Abona hay vientos de fuerza 5 el 19,50 por ciento de los días del año, de fuerza 6 el 30,93 y de fuerza 7 el 22, 36.

Los datos han sido recopilados de las estaciones dotadas de anemómetro de Puertos del Estado, el Instituto Nacional de Meteorología y el aeropuerto Tenerife Sur.

En el informe se indica que para maniobrar cualquier tipo de buque de gran obra muerta (la parte del casco comprendida desde la línea de flotación hasta la borda) es aconsejable hacerlo como máximo con vientos de fuerza 5, según los límites establecidos por Puertos del Estado.

Intentar maniobrar con fuerza 6 y superiores puede entrañar un peligro potencial de accidentes en los buques y en la tripulación, así como en los remolcadores y el personal de los muelles, y daños materiales en barcos, remolcadores, lanchas de prácticos y de amarradores, según los datos difundidos por la plataforma.

También serían inviable el 58 por ciento del año las maniobras con buques gaseros y portacontenedores, y las grúas no podrían operar a pleno rendimiento el 40 por ciento de los días, tendrían límites graves de rendimiento en la manipulación de contenedores e la bodega de un barco el 31 por ciento y estarían fuera de servicio el 29 por ciento de las jornadas.

Según la plataforma, el dictamen pericial sobre el régimen de vientos y su afección al transporte marítimo en el litoral de Granadilla explica de forma suficiente la imposibilidad de realizar, durante al menos el 50 por ciento del año, maniobras portuarias o de estiba en condiciones adecuadas.

"No procede una millonaria inversión en tiempos de aguda crisis económica en un puerto que no podrá operar de forma mínimamente aceptable, por mucho que diga lo contrario la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife", argumentó Juan Jesús Bermúdez.

A su juicio, en una isla no pueden coexistir dos puertos a menos de 60 kilómetros de distancia y menos construir una segunda infraestructura en una zona donde el régimen de vientos impide la operación durante la mitad de los días y el fondeo en la rada todo el año.

Puntualizó que el hecho de que la viabilidad operativa y comercial del puerto de Granadilla está descartada lo demuestra el que no hay "ni una sola empresa armadora que haya mostrado su interés por el proyecto".

Cándido Quintana, presidente de la plataforma, afirmó que detrás del puerto de Granadilla no hay un argumento veraz, sino "una pura especulación y el enriquecimiento fácil".

Al respecto, Justo Fernández, también miembro de la plataforma, apuntó que en este proyecto participan "unos desvergonzados políticos que han llevado al Parlamento unos intereses de unos cuantos con nombres y apellidos".

Odalys Padrón reclamó un debate público sobre el proyecto en el que participen todos los sectores porque, a su juicio, se está engañando al pueblo de Santa Cruz al afirmar que se defiende este recinto y no será perjudicado por el de Granadilla, cuando la realidad es que ha perdido tráfico de contenedores.

Publicado en http://www.laopinion.es/sociedad/2010/07/16/granadilla-supera-viento-aconsejado-maniobrar/294921.html

La batalla final entre Soria y Paulino Rivero

http://www.laopinion.es/firmas/2010/07/17/batalla-final-soria-paulino-rivero/294993.html

¿ Porque Soria va por Libre ?

http://www.laopinion.es/firmas/2010/07/19/soria-libre/295262.html

1.713 Altos Cargos en la Administración Autonómica

Muy poco dinero para tanto cargo. El voluminoso aparato administrativo de Canarias posee 1.713 altos cargos, uno por cada 1.225 habitantes l Una de las losas más pesadas es la de los 76 organismos o empresas públicas

DANIEL MILLET

SANTA CRUZ DE TENERIFE El Partido Popular de Canarias ha defendido la necesidad de reducir el número de altos cargos, así como de organismos y empresas públicas, para atajar el asfixiante déficit público nacional. Los socialistas fueron más concretos: suprimir dos consejerías, reducir la mitad del personal de confianza (de 100 a 49) y acabar con 34 altos cargos del Gobierno autónomo. El debate, además, no se circunscribe sólo a Canarias, una vez comprobado que la reducción de los salarios de los trabajadores de las administraciones no es suficiente. En el resto de comunidades y hasta en la Administración estatal se discute de qué manera aligerar el voluminoso aparato administrativo. Pero, ¿cuántos altos cargos y asesores hay exactamente en Canarias? Sin esta respuesta es imposible comprender la dimensión de la corte pública.

Entre el Ejecutivo, el Parlamento, los cabildos y los ayuntamientos, hay actualmente en el Archipiélago 1.713 altos cargos, entre presidentes, consejeros, concejales, diputados, viceconsejeros o directores generales. Recientemente, el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, remiso a cortar cabezas, presumía de que la comunidad autónoma canaria es una de las que menos altos representantes posee en comparación con las resto del país. En concreto, es la quinta por la cola en términos absolutos, sólo contando con los puestos relacionados con el Ejecutivo, al contabilizar cerca de 130 (exactamente 121). Pero se trata de datos relativos, pues si se calcula la proporción con respecto a la población, Canarias estaría en una zona medio-alta.

Pero luego están los asesores, los miembros de los gabinetes de prensa, los trabajadores elegidos a dedo y, sobre todo, los nada menos que 76 organismos y empresas públicas, una de las losas más pesadas y discutidas del entramado. Sólo en las diferentes áreas del gobierno figuran 19 miembros de gabinete, 27 asesores, 35 secretarios, dos miembros de protocolo, 4 asistentes, 13 integrantes de las oficinas de comunicación y 100 miembros del personal de confianza, aparte de los casi 11.000 funcionarios temporales o de carrera. Los 1.713 altos cargos totales de las administraciones suponen uno por cada 1.225 habitantes.

Hay mucho más: 88 alcaldes, la friolera de 1.272 concejales en el también discutido exceso de ayuntamientos, 7 presidentes de cabildos, 146 consejeros insulares y 80 altos cargos del Parlamento, entre los diputados electos, los responsables del principal órgano legislativo y los funcionarios y asesores de los organismos adscritos a la Cámara regional, como el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común.

"Es demasiado". Por lo menos eso considera el socialista Pedro Lasso, analista electoral, administrador financiero de la comunidad autónoma y que actualmente trabaja en la recopilación de todos estos datos estadísticos, que no se conocían hasta ahora con semejante precisión, para hacer un análisis valorativo y ofrecer soluciones. A Lasso le llama la atención también "todo el tinglado alrededor del área de Presidencia", que Turismo "sea una consejería ante la poca estructura que posee" o "la barbaridad" de empresas y organismos públicos, si bien precisa que Canarias es la única comunidad que incluye en su estatuto una limitación de consejerías del Gobierno, nunca superior a 10.

Hacer de todos modos un estudio sobre la voluminosidad administrativa en España es muy complicado, sobre todo por los vericuetos legales y la disparidad de criterios de cada comunidad. La trampa es sencilla, según un reportaje reciente del diario Público. Los expertos subrayan cómo, copiando la Ley de Funcionamiento de la Administración General (Lofage), las autonomías se han dotado de normas según las cuales alto cargo es sólo aquel que nombra el Consejo de Gobierno. Para dar apariencia de contención en altos cargos basta, así, con nombrar por orden de un consejero y no por decreto a los titulares de puestos eminentemente políticos. Los directivos de los 2.000 entes dependientes de autonomías figuran mayoritariamente en esa última categoría.

Pero lo que más indigna a Lasso es que casi todos los cargos de los órganos parlamentarios hayan permanecido la práctica totalidad de la presente legislatura en funciones, sin que el presidente, Antonio Castro, ni los tres partidos con representación en la Cámara hayan resuelto esta irregularidad. Pero el diputado del común, los consejeros de la Radiotelevisión Canaria y los miembros de la Audiencia de Cuentas, así como sus asesores, han ejercido su labor sin que los órganos fueran renovados.

Publicado en http://www.laopinion.es/canarias/2010/07/19/dinero-cargo/295197.html

Multas de 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados

La Ley de la Función Pública establece personal de alta dirección para inspeccionar a los empleados l Los sindicatos acusan al Ejecutivo regional de someterlos a un férreo control

SALVADOR LACHICA/ACN PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos. Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la Consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.

Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) coinciden en que la creación de esta figura directiva, "se regula al margen de los funcionarios" y suponen una "especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como ´comisarios´, con el fin de someter al funcionario a la política". "El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y sólo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política", afirman desde el Sepca.

El artículo 9.7 del proyecto del Ejecutivo afirma que "el funcionario de carrera que sea designado personal directivo en el ámbito de la Administración Pública canaria a la que pertenezca, se le realizará un contrato de alta dirección y pasará a la situación administrativa de servicios especiales, salvo que el puesto directivo estuviese reservado para funcionario de carrera, en cuyo caso, permanecerá en servicio activo". Además, la "designación de personal laboral fijo como personal directivo conllevará la formalización de un contrato de alta dirección", lo que para los sindicatos supone "una nueva forma de premiar los servicios políticos prestados".

Regimen

En cuanto al otro de los puntos más conflictivos, el de la multa dineraria, se asegura que "un funcionario debe estar sometido a un régimen disciplinario, por supuesto, que conlleve una restricción de empleo y sueldo si ha tenido una infracción grave, ¿pero dónde se ha visto que se le multe, que se le obligue a pagar dinero, si llega tarde a su puesto de trabajo?, eso no pasa ni en la empresa privada". El artículo 99, en su apartado g), instaura la multa "por comisión de falta grave", que "no podrá superar los 500 euros y por falta muy grave será de entre 500 y 1.500 euros".

Para los sindicatos está claro que el Ejecutivo pretende "rebajar los derechos de los funcionarios, incluida una importante merma salarial con fines subjetivos" con la creación de la evaluación por desempeño de la tarea asignada, "que no es nada transparente en los términos en los que se incluye en el anteproyecto". Intersindical Canaria cree que el anteproyecto "es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la Administración exclusivamente."

Concretamente, al artículo 52 del texto del Ejecutivo asegura que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual el Gobierno "mide y valora la conducta y comportamiento profesional, la implicación, el rendimiento y el logro de resultados de sus empleados públicos". No obstante, no define el sistema de evaluación del desempeño y se remite a un futuro para establecerlo, si bien afirma que se adecuará "a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos".

Evaluación

"Consideramos intolerable la falta de definición del sistema de evaluación al desempeño y sus desmedidas consecuencias, a la vista de que se utilizará para castigar al funcionario que no sea totalmente sumiso, al extremo de poderse utilizar para cesar a los interinos, no valorar los servicios de los funcionarios de carrera a los efectos de la carrera administrativa y dejar de percibir retribuciones", asegura el sindicato nacionalista.

Desde el Sepca se afirma que "el Gobierno está yendo mucho más allá" del estatuto nacional del Empleado Público aprobado por el Gobierno central y, además, "no da respuesta a los problemas de prevención o precariedad laboral que tiene el sector". Sepca asegura que otro motivo por el que rechazarán el borrador del Ejecutivo regional será el relativo al de funcionarización del personal laboral y su consolidación como fijo, pues la actual redacción "significa una pérdida de derechos laborales adquiridos que no recogen ni siquiera la antigüedad".

Publicado en http://www.laopinion.es/canarias/2010/07/19/multas-1500-euros-funcionarios-indisciplinados/295196.html

Por favor Estado no les den mas COMPETENCIAS

Nuevas competencias y derechos para Canarias

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, pidió este domingo al Estado una actualización de derechos y nuevas competencias para el Archipiélago para el siglo XXI.

Rivero hace en su blog una reflexión sobre la polémica a cerca del Estatuto catalán, e "invita a pensar que el asunto de fondo no es tanto el encaje catalán como la creciente oportunidad de poner al día la Constitución para que la cambiante realidad autonómica se vea mejor reflejada en la Carta Magna".

"Una segunda reflexión anima a mirar hacia otros territorios, poniéndose de relieve en lo que podemos denominar el caso canario que la relación leal de Canarias con el Estado debe ayudar a que se encuentre cuanto antes una salida dialogada a sus demandas", agrega el presidente del Ejecutivo regional.

Entre esas demanda, Rivero cita la gestión de sus puertos y aeropuertos, las competencias del comercio exterior para liderar desde las Islas las relaciones con los países del África Occidental, y dotar a Canarias de un Régimen Económico y Fiscal (REF) capaz de atender a la nueva realidad económica.

Publicado en http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=213469

CCOO, UGT e INSUCAN, exigen al Gobierno que se respete lo acordado en mesa de negociación sobre las listas de empleo

CCOO, UGT e INSUCAN, exigen al Gobierno que se respete lo acordado en mesa de negociación sobre las listas de empleo

Ante la reciente publicación en el BOC del Decreto 74/2010, de 1 de julio, que establece el procedimiento de constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de administración general y docente no universitario de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del servicio canario de la salud, exigimos el cumplimiento de lo acordado en la Mesa General de Negociación de Funcionarios Públicos del 17 de mayo de 2010, CCOO, UGT e INSUCAN, exigen al Gobierno que se respete lo acordado en mesa de negociación sobre las listas de empleo.

El Gobierno de Canarias generó un problema grave a partir del mes de julio de 2009 en los ámbitos de la enseñanza y sanitario por la intención de modificar las actuales listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos mediante un único criterio, las calificaciones obtenidas en los procedimientos selectivos de acceso al empleo público en dichos sectores.

Después de múltiples movilizaciones y de un fuerte proceso de negociación en el que se implicó a nivel institucional los secretarios generales de CC.OO. y UGT., se llegó a un acuerdo en el que se apostaba por tener en cuenta otros criterios, como el de los servicios prestados para la Administración, en la Mesa General de Negociación de Funcionarios Públicos que se celebró el pasado 17 de mayo. Con ello alejábamos el fantasma del llamado “Decretazo” y se generaba un sistema de conformación de listas de empleo, que sin ser el deseado por estas tres centrales sindicales ni por el colectivo de interino y sustitutos, generaba una expectativa más favorable que lo pretendido por el Gobierno.

No obstante, nos hemos visto sorprendido por la reciente publicación en el BOC. del Decreto 74/2010, de 1 de julio, que establece el procedimiento de constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de administración general y docente no universitario de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del servicio canario de la salud, y que establece importantes modificaciones, tomadas unilateralmente por el Gobierno, que desvirtúa completamente el objeto de lo pactado en la Mesa General de Funcionarios.

La primera modificación de gran calado se presenta en el artículo 4, en el que se modifican los criterios en caso de empate, pues mientras se acordó que el segundo criterio fuese la antigüedad y, en caso de persistir el empate, se utilizaran criterios que acrediten el mérito y capacidad de los aspirantes, en el Decreto publicado se invierten estos criterios y se establece como segundo criterio para el desempate el de la calificación obtenida en la oposición y, de mantenerse el empate, se resolverá en función de la experiencia en la Administración Pública.

Posteriormente, en la disposición adicional primera, a los retirados de los procedimientos selectivos se les consideraría con una puntuación de cero “0”, mientras que en el actual Decreto se les excluye de las listas. Hay que tener en consideración que en el momento de apertura del proceso de oposiciones actual el Decreto aún no había sido publicado, por lo que nos surge la duda de qué pasará con quienes no se hayan presentado o quienes no hayan finalizado el procedimiento.

Finalmente, de las tres disposiciones transitorias específicas acordadas en el ámbito educativo, se suprimen dos de ellas. La más importante es la referida al supuesto desfase que se produciría entre la publicación del Decreto y la apertura del proceso actual de oposiciones, que establecía que para la primera conformación de las nuevas listas de empleo no se verían afectados los actuales integrantes de las listas de empleo con servicios prestados.

Esto supone que se desvirtúa completamente el objeto del acuerdo, por decisiones unilatelares, sin ningún tipo de acuerdo, saltándose los principios de la negociación colectiva que implican que para la modificación de cualquier pacto anterior, por los motivos que se consideren, se ha de convocar o comunicar a la otra parte.

CC.OO., UGT e INSUCAN, solicitan la restitución del Decreto en los mismos términos pactados, en la Mesa Sectorial citada con las organizaciones sindicales, con el fin de devolver la normalidad al ámbito de la negociación colectiva que supone el respeto mutuo entre las partes.

Publicado http://www.sanborondon.info/content/view/26030/1/

El Gobierno quiere multar con hasta 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados y crear personal de alta dirección que los controle

El Gobierno quiere multar con hasta 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados y crear personal de alta dirección que los controle

El ejecutivo de CC-PP pretende someter la función pública a un férreo control político

El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos.

Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.

Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) consultados coinciden en que la creación de esta figura directiva, “se regula al margen de los funcionarios” y suponen una “especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como ‘comisarios’, con el fin de someter al funcionario a la política”.

“El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y solo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política”, afirman desde el Sepca.

El artículo 9.7 del proyecto del ejecutivo afirma que “el funcionario de carrera que sea designado personal directivo en el ámbito de la Administración Pública canaria a la que pertenezca, se le realizará un contrato de alta dirección y pasará a la situación administrativa de servicios especiales, salvo que el puesto directivo estuviese reservado para funcionario de carrera, en cuyo caso, permanecerá en servicio activo”.

Además, la “designación de personal laboral fijo como personal directivo conllevará la formalización de un contrato de alta dirección”, lo que para los sindicatos supone “una nueva forma de premiar los servicios políticos prestados”.

En cuanto al otro de los puntos más conflictivos, el de la multa dineraria, se asegura que “un funcionario debe estar sometido a un régimen disciplinario, por supuesto, que conlleve una restricción de empleo y sueldo si ha tenido una infracción grave, ¿pero dónde se ha visto que se le multe, que se le obligue a pagar dinero, si llega tarde a su puesto de trabajo?, eso no pasa ni en la empresa privada”.

El artículo 99, en su apartado g), instaura la multa “por comisión de falta grave”, que “no podrá superar los 500 euros y por falta muy grave será de entre 500 y 1.500 euros”.

Para los sindicatos está claro que el ejecutivo pretende “rebajar los derechos de los funcionarios, incluida una importante merma salarial con fines subjetivos” con la creación de la evaluación por desempeño de la tarea asignada, “que no es nada transparente en los términos en los que se incluye en el anteproyecto”.

Desde Intersindical Canaria se asegura que el anteproyecto “es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la administración exclusivamente.”

Concretamente, al artículo 52 del texto elaborado por el ejecutivo asegura que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual el Gobierno “mide y valora la conducta y comportamiento profesional, la implicación, el rendimiento y el logro de resultados de sus empleados públicos”.

No obstante, no define el sistema de evaluación del desempeño y se remite a un futuro para establecerlo, si bien afirma que se adecuará “a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos”.

“Consideramos intolerable la falta de definición del sistema de evaluación al desempeño y sus desmedidas consecuencias, a la vista de que se utilizará para castigar al funcionario que no sea totalmente sumiso, al extremo de poderse utilizar para cesar a los interinos, no valorar los servicios de los funcionarios de carrera a los efectos de la carrera administrativa y dejar de percibir retribuciones”, asegura el sindicato nacionalista.

Desde el Sepca se afirma que “el Gobierno de Canarias está yendo mucho más allá” del estatuto nacional del Empleado Público aprobado por el Gobierno central y, además, “no da respuesta a los problemas de prevención o precariedad laboral que tiene el sector”.

En este sentido, el Sepca afirma que otro motivo por el que rechazarán la próxima semana el borrador elaborado por el Ejecutivo regional será el relativo al de funcionarización del personal laboral y su consolidación como fijo, pues la actual redacción “significa una pérdida de derechos laborales adquiridos que no recogen ni siquiera la antigüedad”.

Intersindical Canaria considera una “auténtica tomadura de pelo el paripé de reunión celebrada” el pasado 9 de julio, pues Ruano “llevó un proyecto innegociable y una amenaza velada de empeorarlo si no se aceptaba en su integridad”.

Este clima hostil para negociar el proyecto de ley de Función Pública se complica aún más tras conocerse que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria a resultas de la demanda interpuesta por el sindicato STEC-IC por “tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”.

Esta demanda fue presentada a raíz de las declaraciones realizadas en noviembre por Soria en las que afirmó que “se van a acabar las típicas bajas por depresión de personas que se pasan en el día en la playa”, que fueron el germen de lo que, según los sindicatos, ha sido una constante y reiterada campaña desprestigio para minar la imagen del conjunto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia34924.php

El dictamen pericial del TSJC asegura que Granadilla es inoperativo 212 días al año

El dictamen pericial del TSJC asegura que Granadilla es inoperativo 212 días al año

El puerto de Granadilla es inoperativo 212 días, el 58 por ciento del año, para casi todos los buques por causa del fuerte viento que azota la zona

Así lo asegura el dictamen pericial encargado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el marco del proceso judicial que se sigue impulsado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra la Declaración de Impacto Ambiental que avaló esta infraestructura promovida por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

El dictamen destaca que el 58 por ciento de los días del año cuatro de los cinco tipos de buques que se han estudiado no podrían operar porque la fuerza del viente supera el quinto nivel en la escala Beaufort. El otro tipo de buques, los portacontenedores de una eslora máxima de 198 metros, ‘sólo’ estarían inhabilitados para la operación el 29 por ciento de los días del año, es decir 106.

La Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz ha difundido este viernes los datos sobre la inoperatividad de la infraestructura que se pretende construir por parte de la Autoridad Portuaria. El presidente de los defensores del puerto capitalino, Cándido Quintana, criticó el puerto de Granadilla como “un disparate” a la vista de estos datos.

Según Quintana, el puerto de Granadilla, si finalmente se llegara a construirse, “no serviría para nada”. Los opositores a esta infraestructura recordaron que el puerto de Arinaga, en Gran Canaria, tampoco ha tenido apenas uso y que pesa sobre él la amenaza de baja en el catálogo nacional de puertos y de devolución de los fondos europeos otorgados para su construcción.

Cándido Quintana planteó que el dictamen pericial, realizado por el capitán de la marina mercante Fernando Lucas Correa, recuerda diversos accidentes que tuvieron como consecuencia el exceso de viento. En esa línea, retó al presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, a que responda con su patrimonio cuando se produzcan accidentes en la nueva infraestructura.

PUESTOS DE TRABAJO

Los defensores del puerto de Santa Cruz alegaron que la creación de puestos de trabajo, tan socorrida por los defensores de esta infraestructura, “es una falacia”. Así, el miembro de la plataforma Juan Martín planteó que para la operación de este puerto “trasladarán a gente desde el de Santa Cruz, que perderá cuota de mercado y no crearán trabajo en la zona”.

El puerto de Granadilla, según criticó Justo Fernánez, otro de los opositores, sólo servirá para enriquecer a unos pocos. “Fíjense quienes son los propietarios de los terrenos”, alegó Fernández, que no quiso entrar a dar nombres, aunque sí recordó que los terrenos que ocupa ahora el centro de distribución de Mercadona en el Polígono Industrial de Granadilla, “pertenecían a Maher”, empresa del ex dirigente de CC Manuel Hermoso.

Publicado en http://indicesiete.com/canarias/Article18086.phtml

''La multa a funcionarios no se aplica en ningún lado''

INTESINDICAL CRITICA LA NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA. ''La multa a funcionarios no se aplica en ningún lado''

"Una ley así que tiene que negociarse durante más tiempo, no en el marco de una legislatura", asegura el portavoz de IC, Rafael Rodríguez.

Rafael Rodríguez, portavoz de Intersindical Canaria (IC), ha planteado este lunes que la Ley de Función Pública que está preparando el Gobierno de Canarias "va a estar vigente mucho tiempo", por lo que consideró que "una ley así que tiene que negociarse durante más tiempo, no en el marco de una legislatura exclusivamente".

A su juicio, las sanciones en forma de multa que se recogen para trabajadores del sector público indisciplinados son un "exceso" puesto que ya existe la suspensión de empleo y sueldo. "La multa no se aplica en ningún lado, no viene a cuento", opinó Rodríguez en declaraciones al programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, para insistir en que "ya hay bastantes sistemas sancionadores como para entrar en las económicas directas".

Del mismo modo, desde IC se señala que los cambios en los contratos de directivos suponen politizar la Administración y que si el objetivo es realmente penalizar los casos de indisciplina "no hace falta una ley nueva, sanciones ya hay".

"Es un mito que no se pueda echar al funcionario que no trabaja", concluyó Rafael Rodríguez.

Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/142764/

El Gobierno quiere multar con hasta 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados

PRETENDE CREAR PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN QUE LOS CONTROLE. El Gobierno quiere multar con hasta 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados

Los sindicatos acusan al Ejecutivo de pretender someter a la función pública a un férreo control político.

El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos.

Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la Consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.

Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) coinciden en que la creación de esta figura directiva, “se regula al margen de los funcionarios” y supone una “especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como comisarios, con el fin de someter al funcionario a la política”.

“El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y solo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política”, afirman desde el Sepca.

El artículo 9.7 del proyecto del Ejecutivo afirma que “el funcionario de carrera que sea designado personal directivo en el ámbito de la Administración Pública canaria a la que pertenezca, se le realizará un contrato de alta dirección y pasará a la situación administrativa de servicios especiales, salvo que el puesto directivo estuviese reservado para funcionario de carrera, en cuyo caso, permanecerá en servicio activo”.

Además, la “designación de personal laboral fijo como personal directivo conllevará la formalización de un contrato de alta dirección”, lo que para los sindicatos supone “una nueva forma de premiar los servicios políticos prestados”.

Multa dineraria

En cuanto al otro de los puntos más conflictivos, el de la multa dineraria, se asegura que “un funcionario debe estar sometido a un regimen disciplinario, por supuesto, que conlleve una restricción de empleo y sueldo si ha tenido una infracción grave, ¿pero dónde se ha visto que se le multe, que se le obligue a pagar dinero, si llega tarde a su puesto de trabajo?, eso no pasa ni en la empresa privada”.

El artículo 99, en su apartado g), instaura la multa “por comisión de falta grave”, que “no podrá superar los 500 euros y por falta muy grave será de entre 500 y 1.500 euros”.

Para los sindicatos está claro que el Ejecutivo pretende “rebajar los derechos de los funcionarios, incluida una importante merma salarial con fines subjetivos” con la creación de la evaluación por desempeño de la tarea asignada, “que no es nada transparente en los términos en los que se incluye en el anteproyecto”.

Desde Intersindical Canaria se asegura que el anteproyecto “es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la Administración exclusivamente.”

Concretamente, al artículo 52 del texto elaborado por el Ejecutivo asegura que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual el Gobierno “mide y valora la conducta y comportamiento profesional, la implicación, el rendimiento y el logro de resultados de sus empleados públicos”.

No obstante, no define el sistema de evaluación del desempeño y se remite a un futuro para establecerlo, si bien afirma que se adecuará “a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos”.

“Consideramos intolerable la falta de definición del sistema de evaluación al desempeño y sus desmedidas consecuencias, a la vista de que se utilizará para castigar al funcionario que no sea totalmente sumiso, al extremo de poderse utilizar para cesar a los interinos, no valorar los servicios de los funcionarios de carrera a los efectos de la carrera administrativa y dejar de percibir retribuciones”, asegura el sindicato nacionalista.

Desde el Sepca se afirma que “el Gobierno de Canarias está yendo mucho más allá” del estatuto nacional del Empleado Público aprobado por el Gobierno central y, además, “no da respuesta a los problemas de prevención o precariedad laboral que tiene el sector”.

En este sentido, el Sepca afirma que otro motivo por el que rechazarán la próxima semana el borrador elaborado por el Ejecutivo regional será el relativo al de funcionarización del personal laboral y su consolidación como fijo, pues la actual redacción “significa una pérdida de derechos laborales adquiridos que no recogen ni siquiera la antigüedad”.

Intersindical Canaria considera una “auténtica tomadura de pelo el paripé de reunión celebrada” el pasado 9 de julio, pues Ruano “llevó un proyecto innegociable y una amenaza velada de empeorarlo si no se aceptaba en su integridad”.

Este clima hostil para negociar el proyecto de ley de Función Pública se complica aún más tras conocerse que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria a resultas de la demanda interpuesta por el sindicato STEC-IC por "tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”.

Esta demanda fue presentada a raíz de las declaraciones realizadas en noviembre por Soria en las que afirmó que "se van a acabar las típicas bajas por depresión de personas que se pasan en el día en la playa", que fueron el germen de lo que, según los sindicatos, ha sido una constante y reiterada campaña desprestigio para minar la imagen del conjunto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/142723/

El plan canario de ajuste, para mediados de septiembre

HASTA ENTONCES NO SE DARÁ A CONOCER. El plan canario de ajuste, para mediados de septiembre.

Paulino Rivero ha anunciado que las medidas para recortar el gasto de la Comunidad Autónoma irán antes al Consejo de Gobierno antes de que termine junio.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este lunes que el plan de ajuste de gasto de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio no se conocerá ni este mes ni durante agosto.

Habrá que esperar hasta "mediados o finales de septiembre", coincidiendo con la presentación de los Presupuestos de 2011.

Rivero reiteró que ese plan, que el consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, tiene previsto llevar al Consejo de Gobierno antes de que finalice julio, "se sabrá cuando se presenten los Presupuestos".

Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/142775/

Algunas Reflexiones sobre la Asamblea del 16 Julio

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL 16 DE JULIO DE 2010

En la mañana del día 16 de julio tuvo lugar la asamblea general en la que las organizaciones sindicales informaron sobre la marcha de la negociación del anteproyecto de ley de la Función Pública canaria, el famoso borrador.

La asamblea estaba convocada por UGT, CC.OO, SEPCA, Intersindical Canaria, Co.bas, CSI-CSIF y SIC y a ella acudió un número de empleados públicos bastante inferior a lo que cabría esperar dada la enorme gravedad del asunto a tratar. A este respecto, hay que subrayar que un altísimo porcentaje de los asistentes pertenecían a la consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda (en realidad, la mayoría de los asistentes).

En primer lugar intervinieron los representantes de las centrales sindicales convocantes para informar de lo acontecido en la Mesa General de Empleados Públicos reunida el viernes 9 de julio. De sus informaciones podemos sacar una primera conclusión: la administración quiso dar por terminada la negociación después de que los cuatro sindicatos presentes (UGT, CC.OO., SEPCA e Intersindical Canaria) manifestaran su rechazo al documento presentado por la dirección general de la Función Pública. De hecho, el consejero Ruano quiso dejar bien claro a lo largo de la reunión que, dado que no está dispuesto a modificar en lo sustancial el documento, no veía razones para seguir con una negociación que no nos llevará a ninguna parte.

Ante la insistencia de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, al final la administración aceptó la creación de una comisión técnica de la mesa que se reunirá la semana que viene para estudiar algunos aspectos del borrador. Eso sí, Ruano dejó bien claro que esta es la mejor ley de la Función Pública a la que pueden aspirar los empleados públicos de Canarias. Así pues, las organizaciones sindicales harán llegar a la administración sus consideraciones a la ley y, con ellas sobre la mesa, se reunirá esa comisión técnica la próxima semana.

Mucho nos tememos que esa puede ser la última reunión de negociación del borrador entre los trabajadores y la administración antes de que el texto entre en el parlamento para su tramitación como proyecto de ley.

Acto seguido, los asistentes a la asamblea tomaron la palabra para manifestar a los representantes sindicales sus posturas. Estas manifestaciones podemos sintetizarlas en lo siguiente:

-Exigencia de unidad sindical sin fisuras en el rechazo a este borrador.

-Exigencia a las organizaciones sindicales de una mayor implicación en la lucha contra el documento, así como la puesta en marcha de una hoja de ruta que marque los pasos a seguir en esta lucha durante los próximos meses.

-Exigencia de que se asuma el reto por parte de las organizaciones sindicales de extender la información a un mayor número de empleados y empleadas públicas de todas las administraciones canarias (comunidad autónoma, ayuntamientos, cabildos y universidades).

Muchas de las intervenciones de los asistentes tenían como objetivo hacer una crítica constructiva de la forma de actuar que han mantenido hasta hoy algunas de las organizaciones sindicales que no se han implicado verdaderamente en esta lucha. Ante ello, las organizaciones sindicales asistentes se comprometieron a profundizar en su contestación al borrador y a celebrar una reunión conjunta el próximo martes 20 de julio en la que se empezarán a concretar las medidas que se van a empezar a poner en marcha a partir de ahora, medidas que se darán a conocer tras esa reunión. Esas medidas pasan por: extender la convocatoria de concentraciones del personal de todas las consejerías a la hora del desayuno tal y como ha venido haciendo el personal de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda en todos sus centros de trabajo desde hace meses; retomar la labor sindical de informar a los trabajadores y trabajadoras mesa por mesa, puesto de trabajo por puesto de trabajo; convocatoria de asambleas por centros de trabajo; extender el uso entre los empleados públicos de la camiseta naranja con el lema “No al borrador de la ley de la Función Pública”; hacer concentraciones en todos los actos en los que participen miembros destacados del gobierno de Canarias (Paulino Rivero, José Manuel Soria, José Miguel Ruano…), etc. Todo ello con el objetivo de plantear un calendario de movilizaciones que desemboque en un “otoño caliente” que pueda llegar a desembocar, si hace falta llegar a ello, en la convocatoria de manifestaciones e, incluso, una convocatoria de huelga en la función pública en contra del borrador. Será a partir del martes que viene, pues, teniendo en cuenta las aportaciones de las asambleas celebradas tanto en Tenerife como en Gran Canaria, cuando comenzaremos a tener una hoja de ruta que marque el desarrollo de las movilizaciones en esta lucha.

Por último, y no por ello menos importante, hemos de denunciar un hecho que no debe caer fácilmente en el olvido de los empleados y empleadas públicas. Al principio de este artículo dejamos constancia de qué organizaciones sindicales convocaron la asamblea. A lo largo del mismo, además, hemos hecho alusión a las posturas y aportaciones que hicieron estas organizaciones en la reunión. Creemos necesario recordar en este punto cuáles son los sindicatos presentes en la Mesa General de Empleados Públicos, esto es, UGT, CC.OO., SEPCA e Intersindical Canaria. Pues bien, UGT ni siquiera se dignó acudir a la asamblea. No había nadie de UGT en la mesa de la asamblea. Ni siquiera aparecieron por allí. Es cierto que tampoco aparecieron los representantes de CSIF y Co.bas, ausencias todas ellas que consideramos graves e intolerables en unos momentos tan delicados como los actuales para el futuro de las administraciones públicas en esta tierra. No es de recibo que organizaciones sindicales convocantes de una asamblea no se atrevan a dar la cara ante sus representantes. Y menos, como decimos, en un momento tan delicado como el actual. No podemos pasar por alto que estas centrales sindicales no hayan querido mostrar sus cartas ante el colectivo al que representan. Y no lo vamos a pasar por alto. Si grave es la ausencia de CSIF y Co.bas, gravísima consideramos la de UGT, que pasa por ser uno de los sindicatos con mayor representación en la mesa general. Este hecho, decimos, no debe caer en el olvido. Estos sindicatos están dando la espalda al conjunto de los empleados públicos cuando más se los necesita. Creemos que esos mismos empleados públicos, desairados por esta falta incalificable, no deben olvidar este hecho cuando llegue el momento de emitir su voto en unas próximas elecciones sindicales.

Así las cosas, queremos concluir esta reflexión con un llamamiento a la implicación de todos y todas en la lucha. Nos va en ello nuestro futuro como empleados públicos y la calidad de una administración pública moderna, ágil, eficaz e independiente de los tejemanejes de un poder político de turno que pretende crear las herramientas para hacer de la función pública un instrumento al servicio de sus intereses no ya políticos, sino meramente personales y empresariales. Sin el concurso de todo el colectivo, sin la participación activa en la lucha, este proyecto saldrá adelante. Con el trabajo conjunto, con la participación masiva y sin titubeos de todos y todas, con el grito unánime de NO AL BORRADOR que se haga oír en toda la sociedad canaria, este proyecto lograremos pararlo. Tenemos por delante el futuro que queramos construirnos. Sólo depende de nuestra actitud y de lo que estemos dispuestos y dispuestas a dar, a luchar. Es nuestra la responsabilidad.

NO AL BORRADOR DE LA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El Gobierno canario solicitará al Consejo Consultivo dictamen sobre el proyecto de la Presidencia

El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, anunció hoy que se ha acordado solicitar dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno regional, y donde se prevé regular el estatuto de los ex presidentes.

Marrero, en rueda de prensa, señaló que el régimen, la organización y el funcionamiento del Gobierno de Canarias se ha venido rigiendo desde 1983 por las normas contenidas en la Ley 1/1983 de 14 de abril, que a su vez desarrollaba lo expresado sobre la materia en el Estatuto de Autonomía. Al considerar, que el tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha ley y la consolidación del funcionamiento del Gobierno, obligan a una adecuación de su régimen, así como de su organización a las circunstancias actuales.

El proyecto de Ley aborda, según recoge la exposición de motivos, el desarrollo estatutario de dos instituciones "básicas" del autogobierno, tales como son el presidente y el Gobierno de Canarias. Además, el texto contiene las normas relativas a las relaciones del Ejecutivo regional con el Parlamento, así como el régimen y procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas.

Respecto a la estructura, habrá un Título Preliminar, seis Títulos, tres disposiciones adicionales, una derogativa y dos disposiciones finales.

El Título I recogerá la regulación del presidente de Canarias, se establecen las normas que regulan su nombramiento y toma de posesión; se recoge su estatuto personal y atribuciones.

Al respecto, Marrero puntualizó que aquí se incluirá la distinción entre las que le corresponden como presidente de la Comunidad Autónoma de las de presidente del Gobierno de Canarias; y también regulará en su artículo 20 el estatuto de los ex presidentes que se hará por decreto y se desarrollará.

En cuanto al Título II contiene las normas de régimen, organización y funcionamiento del Gobierno como órgano superior colegiado que, bajo la dirección del presidente, establece los objetivos políticos generales y dirige la Administración de la Comunidad Autónoma.

El Título III regula los requisitos de acceso al cargo, nombramiento, cese y suplencia del vicepresidente, además de los consejeros del Gobierno, así como su estatuto y atribuciones como miembros del Ejecutivo.

Publicado en http://www.noticias.com/el-gobierno-canario-solicitara-al-consejo-consultivo-dictamen-sobre-el-proyecto-de-la-pres.464136

Añadió, que en lo referente a los ex presidentes se han establecido unos criterios básicos, tales como que los ex dirigentes del Ejecutivo canario tendrán tratamiento de presidente con carácter vitalicio en lugar de protocolario en los actos oficiales, y de "manera genérica sí se establece un marco para la utilización de los medios personales y materiales que se determinen".Los ex presidentes

¿ Una Pensión Vitalicia y mas cosas para los Expresidentes del Gobierno ?

LEY DE PRESIDENCIA La oposición rechaza la pensión vitalicia para los ex presidentes

El portavoz del Partido Socialista Canario (PSC), Francisco Hernández Spínola, ayer expresó el rechazo de su grupo político al proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno porque cree "inoportuno" el momento elegido por el Ejecutivo para regular la figura del ex presidente en la Comunidad. En concreto, se opone a que los anteriores máximos dirigentes del Archipiélago cobren una pensión vitalicia, como sucede en otros ámbitos. Spínola lamentó que el Gobierno abordó esta materia sin abrir consultas con la oposición ni el Parlamento, siendo un asunto de carácter "institucional". "El proyecto se aprobó sin conocimiento ni consenso", criticó. "Es un error político de calado".

Tratamiento protocolario

Martín Marrero, portavoz del Gobierno, salió al paso de las declaraciones de Hernández Spínola: "En el texto provisional del proyecto de ley sólo se habla de vitalicio en relación al tratamiento protocolario de los ex presidentes, no en cuanto a la utilización de medios materiales y personales (sin especificar, ni de lejos, que sean sueldos y/o asesores)". "El proyecto de ley para nada entra en esa cuestión. Es más, indica que ese Estatuto de ex Presidentes, tan sólo enunciado sin ninguna precisión más allá de la protocolaria, se desarrollará mediante decreto del Gobierno, por lo que no está aun absolutamente nada definido".

Publicado en http://esquelas.eldia.es/2010-07-06/canarias/12-oposicion-rechaza-pension-vitalicia-ex-presidentes.htm

CORRE POR LAS REDACCIONES LA AUDITORÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE 2003-2007

Las cuentas de Tavío, al desnudo

 

¿Bragas? ¿Calzoncillos? ¿Bricolaje en general? ¿Comidas, comilonas, tentempiés? ¿Gastos de campaña electoral? ¿Agasajos a amigos del PP en hoteles de lujo? ¿Viajes por doquier? ¿Subvenciones a emisoras de televisión aún sin emitir? ¿Dinerales en agencias de publicidad en año electoral? ¿Ordenadores, cámaras, descodificadores? ¿Un jamón? Pues sí, todo eso y más cosas aparecen en un grueso listado de incidencias destacadas por la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al auditar las cuentas del grupo municipal del PP en el periodo 2003-2007. A la espera de compulsar diversos datos y de contrastar algunas fechas y circunstancias, ya estamos en condiciones de adelantarles que el equipo que dirigía Cristina Tavío, auxiliada a las bandas por Maribel Oñate y Guillermo Díaz, se gastó en ese cuatrienio más de 2.300 euros en ropa y complementos (incluidos unos guantes de licra y prendas íntimas) y más de 11.000 en material de bricolaje y construcción, televisiones, vídeos, decodificadores y electrónica de consumo en general. La Intervención General ha detectado que hubo gastos superiores a 19.000 euros que no tuvieron nada que ver con la actividad del grupo municipal pepero. Seguiremos informando.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/12453/

Una historia de amor y odio que se repite cada 3 años ¿ sera por las elecciones ?

TRAS LOS ACONTECIMIENTOS EN LA POLÍTICA NACIONAL

Rivero coge oxígeno

El presidente del Gobierno y la propia CC ya tienen otra vez dos cartas en su mano que convierten a Soria en prescindible.

Coalición Canaria y su máximo representante, Paulino Rivero, han cogido aire en los últimos meses. De ser unos secuestrados por el Partido Popular y por el propio José Manuel Soria, los acontecimientos en la política nacional han permito a Rivero poder plantarles cara y, lo que es más importante, ganar varios de los pulsos que el líder de los conservadores le ha echado dentro y fuera del Gobierno.

La última batalla de esta guerra no tan soterrada que están manteniendo las dos cabezas visibles del Gobierno canario la ha ganado Rivero sin ninguna duda. El blindaje de las agencias de Innovación y Desarrollo Sostenible y Cambio Climático frente a las pretensiones de Soria de acabar con ellas ha hecho que éste deba agachar las orejas frente a la demostración de fuerza de Rivero.

Con todo, Rivero no quiere romper el pacto con Soria y quiere ser el primer presidente del Gobierno en pasar a la historia acabando la legislatura con el mismo equipo de gobierno con el que la comenzó.

Lo que buscan el presidente y los nacionalistas es zafarse del yugo al que le tenía sometido el PP, consciente de que CC no pactaría nunca con el PSC de la era López Aguilar. Ahora, Rivero tiene dos cartas en la mano, y puede jugar con las dos, no solamente con una, que era la que beneficiaba a Soria.

Sin embargo, CC no quiere romper. Busca hacer ver a Soria que ya no es imprescindible. No quiere convertir al vicepresidente en un mártir a tan poco tiempo para las elecciones autonómicas, expulsado del Gobierno y con la capacidad de vender el mensaje de que los nacionalistas le echaron porque no querían aplicar los planes de austeridad recetados por el líder del PP.

“Si Soria se quiere ir, que se vaya él solito con sus consecuencias, que ya nos encargaremos de demostrar que lo ha hecho para no tener que afrontar los Presupuestos más difíciles de la historia de Canarias porque no sabe cómo hacerlo, pero desde luego no lo vamos a convertir en un mártir”, ha asegurado  un destacado dirigente nacionalista.

Y así están las cosas. Uno no se quiere ir, quiere que lo echen, y el otro no quiere echarlo, sino que se vaya. Por lo tanto, el Gobierno va a continuar, aunque con tensiones internas cada vez más fuertes que le restarán operatividad en la política directa.

Desde CC se resume perfectamente. “Siempre hemos dicho que lo vital para Canarias es poder entendernos con el Gobierno del Estado con independencia de con quien gobernemos aquí, y en esta legislatura, hasta ahora y por las circunstancias ya sabidas, no se pudo hacer”.

La geometría variable del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en las Cortes, la crisis económica y las medidas a adoptar para combatirlas han vuelto a poner a CC en una “situación de fortaleza privilegiada”, como reconocen varios dirigentes nacionalistas.

Presupuestos de 2011

CC vuelve a “ser vital” para aprobar los Presupuestos de 2011 y evitar que el presidente del Gobierno central convoque elecciones anticipadas, que es el peor escenario para los nacionalistas si los comicios coincidieran con los autonómicos y locales del próximo mes de mayo.

Evidentemente, esta recuperación de músculo por parte de CC no ha gustado nada a Soria, que está viendo como los nacionalistas canarios están destrozando la estrategia de Mariano Rajoy para llegar a La Moncloa el próximo año y, por ende, las posibilidades del PP canario de hacerse con la Presidencia del Ejecutivo regional dentro de 10 meses.

Mientras el PP intenta noquear a Zapatero, CC le da oxígeno y vendas, lo que exaspera a Soria, que ha venido filtrando convenientemente, según aseguran los propios nacionalistas, informaciones presupuestarias que dejan en mal lugar tanto al presidente como a las consejerías que gestionan los nacionalistas.

Éstos han contraatacado oportunamente haciendo lo propio con los gastos suntuarios en vicepresidencia y el sistema de contrataciones de la Consejería de Turismo.

Pero hubo una filtración que fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Rivero. Los gastos de representación en la ropa que lució la esposa del presidente, Ángela Mena, en un acto público.

Quienes conocen a Rivero saben que ni olvida ni perdona los ataques personales: Y el caso de la peineta lo considera una confrontación personal impulsada por Soria.

Según varios dirigentes de CC, en ese momento el vicepresidente cavó su propia fosa.

Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/142638/

¿ Y yo pregunto a quien le hemos declarado la Guerra ?

Una Policía bien armada

El reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria, publicado ayer, establece qué tipo de armamento portarán los agentes autonómicos: arma de fuego corta -9 milímetros parabellum- en el equipo básico, y escopeta de repetición calibre 12/70 y bocacha en el de intervención.

 

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer el decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria. La publicación supone, según fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, un trámite más en el despliegue de la Policía Autonómica iniciado a principios de este mes; sin embargo, se produce apenas tres días después de que representantes del Ministerio del Interior y del Gobierno de Canarias aclarasen los "malentendidos" surgidos en torno a las competencias de la Policía Canaria.

El reglamento establece la estructura organizativa del Cuerpo General en distintos niveles, atendiendo a criterios funcionales y operativas, y regula también el armamento y elementos defensivos, estableciendo sus clases, así como los principios y garantías en la tenencia y uso de las mismas y las circunstancias en las cuales debe ser utilizado.

Precisamente, sobre este aspecto el reglamento distingue entre un equipo básico y un equipo de intervención. Así, los agentes autonómicos que porten el primer equipo llevarán consigo un arma de fuego corta -9 milímetros parabellum- con su respectiva munición y funda, además de grilletes, defensa corta extensible, defensa de servicio, aerosol defensivo, guantes anticorte y silbato.

Los policías que, por el contrario, tengan que hacer uso del equipo de intervención llevarán arma de fuego larga -escopeta de repetición calibre 12/70-, junto a bocacha - arma de fuego más corta y de mayor calibre que la escopeta ordinaria-; defensa de intervención; defensa antimotines; dispositivo propulsor de gas o de aire comprimido de bolas de pimienta u otro material; dispositivo propulsor de elementos antidisturbios; pelotas de goma; chaleco antitrauma; casco y escudo antidisturbios; máscara antigás; cartuchos de gas, y cartuchería con balas perforantes para la escopeta.

Respecto a las situaciones en las que se permite que los policías autonómicos usen el arma el reglamento, precisa que se reservará para aquellas en las que exista "un peligro grave para la vida o integridad física del policía o de terceras personas o circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la ciudadanía, todo ello de conformidad con los principios señalados en el artículo anterior".

Excepciones

En cualquier caso, el reglamento precisa también que "siempre que las circunstancias lo permitan", antes de hacer uso del arma de fuego, el agente realizará las siguientes acciones y por el orden en que se expresan:

-Se advertirá al agresor de que se halla ante un agente de la autoridad mediante la voz: "Alto, Policía".

-Se dirigirán conminaciones al agresor para que abandone su actitud y se entregue a la Policía.

-Si las conminaciones o advertencias no fueran atendidas y siempre que no existiera otra posibilidad, podrán efectuarse disparos intimidatorios disuasorios al aire o al suelo, si las circunstancias del lugar así lo permitieran.

-Si estas acciones preventivas no fueran eficaces, o no haya sido posible adoptarlas a causa de la rapidez, violencia o riesgo de agresión, los disparos que se pudieran efectuar serán los mínimos indispensables y estarán dirigidos a partes no vitales del agresor, con el objetivo de causar la menor lesividad posible.

Además de estos aspectos, las reglas de la Policía Canaria determinan, por ejemplo, cómo deben llevar el pelo los agentes -corto los hombres y que no sobrepase los hombros las mujeres-, en tonos naturales y sin estridencias. Las normas también establecen que no podrán utilizar pendientes, pulseras, collares o adornos análogos, ni tatuajes o piercing visibles.

Sobre la puesta en marcha de la Policía Canaria se manifestó ayer el presidente regional, Paulino Rivero, quien admitió que todo lo que tiene que ver con reforzar el autogobierno, como la creación de un cuerpo de seguridad autonómico, "siempre es complejo", pero consideró que "al final siempre se imponen la sensatez y la normalidad".

Publicado en http://www.eldia.es/2010-07-16/canarias/12-Policia-bien-armada.htm

Los sindicatos rechazan el decreto del Gobierno para constituir listas de interinos. Cuestionan que no garantiza la ''estabilidad''

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (SETC-IC) y el sindicato independiente de profesores ANPE han rechazado hoy el decreto del Gobierno regional por el que se establece el nuevo procedimiento de constitución de las listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos de la Administración Pública Canaria.

El STEC-IC critica en un comunicado dicho Decreto por considerar que "no garantiza la estabilidad del colectivo, modifica las condiciones de trabajo y se contradice con las decisiones adoptadas por el profesorado afectado a través de las múltiples asambleas celebradas durante el curso escolar 2009/2010".

La organización resalta su esfuerzo en la Mesa de Negociación, siguiendo el mandato de las asambleas, para profundizar en la negociación en aras a garantizar la estabilidad laboral del profesorado interino y sustituto, "haciendo propuestas que no encontraron el apoyo del resto de organizaciones sindicales presentes en la mesa ni de la Administración, consumándose una situación de discriminación inaceptable entre los diferentes colectivos de trabajadores".

UNA ORGANIZACIÓN DE LISTAS DE DÉCADAS

STEC-IC resalta que este Decreto "acaba con una forma de organización de las listas que ha servido a la Consejería de Educación durante décadas, conquista de los trabajadores que data de 1976, cuando se comenzaron a conformar las primeras listas públicas en la enseñanza, sujetas a estricto control democrático".

La organización recuerda que "personas integrantes de las listas actuales han hecho de la educación su forma de vida, han dedicado tiempo de su tiempo a formación, han dejado atrás a sus familias para tomar posesión de puestos de trabajo en otras islas, aceptando siempre los destinos menos deseados por el resto del profesorado, al tiempo que se presentaban a oposiciones, ponían en marcha proyectos en sus centros educativos y se esforzaban como el que más".

"Todo esto, lejos de reconocerse, se tira por la borda. El futuro se hace más incierto y la inestabilidad laboral de quienes trabajan afectará también, tarde o temprano, a la estabilidad de los claustros y al correcto funcionamiento de los claustros de los centros educativos", añaden.

ACCESO DIFERENCIADO

De este modo, STEC-IC considera que "la única salida razonable a esta situación de competencia en desigualdad de condiciones tanto de interinos como de fuera del sistema por unas mismas plazas se superaría con el acceso diferenciado".

En este sentido, apuesta por ofertar unas plazas para los que actualmente trabajan y otras para los que no prestan sus servicios, y sin que el hecho de presentarse a oposiciones suponga reordenaciones de listas.

STEC-IC mantiene su defensa del servicio público de la educación y le parece "inaceptable la actitud de las organizaciones sindicales del sector que apoyan este tipo de traiciones al colectivo del profesorado".

Asimismo, el sindicato pone a disposición sus servicios jurídicos para que los trabajadores afectados por la aplicación de este Decreto puedan presentar los recursos jurídicos correspondientes.

"COBARDE Y VIL ENGAÑO"

Por su parte, ANPE considera en un comunicado el decreto de listas de interinos como "una estafa del Gobierno". Hace hincapié en que el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial de Canarias "modifica algunas cuestiones muy importantes para los interinos y sustitutos de Educación, además de omitir aspectos ya consensuados durante su negociación".

ANPE Canarias "denuncia este cobarde y vil engaño del Gobierno", al mismo tiempo que hace un llamamiento a la Consejería de Educación para que "negocie con la mejor de sus voluntades el desarrollo del Decreto en la Mesa Sectorial".

Este sindicato valoró positivamente el anterior Proyecto de Decreto del Gobierno, consensuado en la Mesa de Función Pública, al entender que "mejoraba ostensiblemente las terribles condiciones que imponía el famoso 'decretazo' de finales de 2009".

EA-CANARIAS SE SUMA A LAS CRÍTICAS

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Asamblearios de Canarias (EA-Canarias) ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Canarias con el decreto de gestión de listas quiere empleo "precario y sin derechos" e informa de que ayer 13 de julio, "aprovechando las vacaciones, publicó en el BOC el decreto de gestión de listas, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 1 de julio".

EA-Canarias considera en un comunicado que "el decreto aprobado supone la liquidación de las listas actuales en las que el profesorado aparecía ordenado por antigüedad y en función de sus méritos". A partir de ahora, agrega el sindicato, las listas se ordenarán tras cada proceso selectivo y no estarán integrados sino por los participantes. Añaden que para la baremación se contemplará la nota de oposición con cuatro puntos y experiencia académica con otros cuatro, pudiendo contemplarse otros méritos con seis puntos que se verían en Mesa Sectorial. En caso de empate primaría la nota de oposición.

El colectivo sindical recuerda que "desde un principio denunció que la pretendida necesidad de sujeción al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para justificar el cambio de sistema de gestión de listas, encubría su intención de reordenar permanentemente las listas, someter a los interinos a la continua competencia e incertidumbre. Los objetivos no eran otros que acabar con la relativa estabilidad existente y facilitar la disminución de empleo, en línea con su política de recortes en la enseñanza y otros servicios públicos", agrega EA-Canarias.

A juicio de EA-Canarias, "llegamos así a esta crítica situación por la colaboración de la mayoría de los sindicatos con el Gobierno, estos aceptaban desde un principio los criterios de configuración de listas del decreto, siempre que no se le aplicasen a los que hayan trabajado". En esta línea, recuerdan que "ya denunciábamos el engaño que implicaba esta propuesta sindical así, en las Mesas, aceptaron que se les aplicara a todos".

EA-Canarias considera que estos sindicatos nunca asumieron consecuentemente la defensa de los intereses del profesorado interino-sustituto: retrasaron las movilizaciones, convocaron huelgas para no llevarlas a cabo y aceptaron negociar nuevos baremos. Admitieron que se suplantara la negociación con los representantes de la enseñanza, que fue sustituida por la Mesa General. No consultaron a los afectados sobre las propuestas que llevaron a la Mesa ni el acuerdo final al que llegaron con la Administración. Sindicatos al servicio de la desmovilización, "cuya consecuencia ha sido llevar al profesorado a una derrota".

EA-Canarias afirma estar dispuesta a "continuar la resistencia, a no admitir pasivamente las agresiones al profesorado y a la escuela pública".

Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.com/noticias.php?accion=detalle&id=8791