miércoles, 21 de julio de 2010

Los sindicatos anuncian movilizaciones contra la Ley de Función Pública que prentende aprobar el Gobierno de Canarias



Las centrales sindicales convocan una manifestación para el próximo 16 de septiembre


Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) Canarias, Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) han anunciado hoy movilizaciones contra el anteproyecto de Ley de Función Pública que está elaborando el Gobierno canario y que "supone una importante merma a los derechos laborales y un riesgo para el mantenimiento del Estado de bienestar".

Las centrales sindicales han explicado hoy en rueda de prensa que las medidas de presión cobrarán cuerpo el próximo 16 de septiembre, jornada en la que tienen previsto "salir a la calle" en protesta por un proyecto de Ley que el Ejecutivo regional tiene previsto aprobar antes de fin de año. Antes, el jueves 29 de julio están convocadas todas las centrales sindicales con representación en la Administración canaria a una reunión que se celebrará en la capital grancanaria, para definir el resto de actividades y el ideario de las movilizaciones.

En resumen, los portavoces explicaron que la modificación de la Ley de la Función Pública que pretende el Ejecutivo regional no persigue “modernizar” sino que “fomentará el clientelismo partidista en la Administración”, y “secuestrará la independencia” de los funcionarios públicos. Con la nueva Ley, según Ángela Hernández de Convergencia Sindical Canaria, “no se sabe en qué manos caerá la Función Pública”, porque pretenden restar capacidad al empleado público para que cumpla con su función principal que es “la de dar fe de que se cumpla con la normativa vigente”. A partir de ahora, afirmó Hernández, podrán “sancionarlo o trasladarlo, si consideran que no cumple con su obligación”.

Los sindicatos critican la tramitación de este proyecto, porque “no se ha informado ni a las centrales sindicales, ni a la Fecai y Fecam”, señaló el portavoz de SCPA, Manolo González. Asimismo, protestan por el contenido. En concreto se oponen a seis puntos relacionados con “la evaluación de desempeño” para “medir las funciones”; el establecimiento de criterios externos de evaluación “que castigarán al funcionario”; en las Incapacidades Laborales Transitorias “primarán los criterios economicistas frente a los médicos” y se pretende “un ERE encubierto”, denunció Javier Godoy, de CCOO. Según este “se piensa plantear un recorte de personal laboral” con la excusa de la necesidad de recortar el gasto público, con lo que “no se garantizan los puestos de trabajo de hoy”. Para ello “se rompen todos los acuerdos establecidos para garantizar el empleo”, insistió.
Los portavoces sindicales recordaron que el Estado de Bienestar “descansa” en el trabajo de los funcionarios públicos, y sin embargo, este es el apartado que “menos ha crecido en los últimos años”. Lo contrario que el número de “amigos de los políticos a colocar” a través de “chiringuitos, fundaciones y empresas externas subcontratadas por la Administración”, afirmó González. Por esto, rechazan las críticas sobre “el engorde de la Función Pública”, ya que “no se puede adelgazar cuando existen más de un centenar de cargos públicos asistidos por casi 200 asesores privados, que hacen el trabajo de los funcionarios”.
EL ASESOR DE INÉS ROJAS LO RECOMENDÓ, QUIZÁS ANTE EL DESCARO.Detrajeron gastos de hoteles y manutención


Dice literalmente la carta del director de KPGM, que "a petición de don Ignacio Calatayud aceptamos detraer de nuestra factura original la cantidad de 3.388,56 euros", lo que el firmante de la misiva considera "un gesto de buena voluntad" que sin embargo no sirve para que el Cabildo les pague cuanto antes. Por lo que hemos podido averiguar, estos 3.400 euros vienen a ser el importe de los gastos de hoteles y manutención de los auditores de KPGM desplazados a Lanzarote, otra anomalía más de este contrato de la que debió percatarse el asesor de Inés Rojas en el Cabildo, Ignacio Calatayud, un polifacético abogado al que se relaciona familiar y profesionalmente con otro ecléctico letrado conejero, Felipe Fernández Camero, experto en la defensa de corruptos e infractores urbanísticos. Calatayud gozó de contratos a dedo de Inés Rojas desde septiembre de 2005 hasta la primavera de 2007, muchos de ellos por "consultoría y asistencia técnica" y por fuertes cantidades de dinero que oscilaban entre los 11.000 y los 30.000 euros.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12481/

LO QUE FALTABA, EL ASESOR DE INÉS ROJAS Y YERNO DE FERNÁNDEZ CAMERO. ''A petición de don Ignacio Calatayud''

El Cabildo de Lanzarote asegura en un acta de la Mesa de Contratación que KPGM Consultores no ha cobrado ni un euro por aquella auditoría adjudicada de manera ilegal. No lo ponemos en duda porque sería tanto como acusar a los actuales responsables políticos y a algunos técnicos de falsedad en documento público. Lo que sí tenemos contrastado es que esa firma consultora no había cobrado el 24 de octubre de 2007, fecha en que su director, Adrian Leared, remite una atenta carta a la presidenta del Cabildo, a la sazón Inés Rojas, actual consejera de Bienestar Social, en la que le muestra su disgusto por no haber cobrado a aquellas alturas su factura de 4 de junio de 2007 por importe de 47.500 euros, incluido IGIC. Esa factura tenía como concepto, siempre según esta carta, "los honorarios y gastos incurridos durante el trabajo de revisión de los centros de Arte, Cultura y Turismo (...), según el contrato suscrito el 24 de octubre de 2006". Pero en el siguiente párrafo es donde hemos encontrado una perlita: "A petición de don Ignacio Calatayud..." ¿Quién es Ignacio Calatayud y qué pintaba allí?

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12480/
PARA EL PAGO DE 3.000 POR LA CORRESPONDENCIA DE UN MES. Una fotocopia de un billete de 10 euros

Hay otras rarezas de extraordinaria factura. Porque extraordinaria parece, a los ojos del interventor municipal, la factura que, por importe de 3.000 euros, dice el PP haber pagado en noviembre de 2003 con un concepto verdaderamente voluptuoso: "Correspondencia de noviembre de 2003". ¿Pudo gastarse el grupo municipal del PP 3.000 euros de legal circulación en correspondencia tan sólo en un mes? Y, en tal caso, ¿para que utilizó a la empresa Meydis Servicios, S.A., de Madrid, dedicada al marketing directo? Pero lo mejor de este apunte contable vuelve a ser la anotación al margen que hace el auditor municipal: "[La] factura se abona el 05 de febrero de 2004 y tiene fecha de 27 de noviembre de 2003. Copia de billete de 10 euros no justifica el pago". Es literal, lo juramos. "Copia de billete de 10 euros..." ¿Alguien del PP santacrucero aportó, a falta de una fotocopia de talón o pagaré, una de un billete de curso legal? ¿Pagaba en metálico cantidades así un grupo político cuyos recursos se nutren de dineros públicos? ¿A qué nos suena esto?
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12476/
SE LO PAGÓ EL PP A BC PUBLICIDAD, SEGÚN LA AUDITORÍA. 11.350 euros para un informe de audiencias

Pero hay muchos más pagos relacionados con servicios que, a primera vista, no se corresponden con la actividad de un grupo municipal, o que, en todo caso, se presentan muy inflados y con algunas elipsis contables. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, el pago de 11.350 euros a la agencia BC Publicidad en el muy electoral año de 2003 a cambio de un "informe de audiencia de medios". BC Publicidad no se dedica a los sondeos sobre audiencias, sino que para ejercer su actividad, se vale de las auditorías que le envían las firmas especializadas y certificadas en la materia: EGM, Sofres (hoy Kantar Media) y OJD. Si el grupo municipal popular pagó 11.000 euros por unas fotocopias de las auditorías de que disponen todas las agencias de publicidad de Tenerife tiene un problema de difícil explicación. Salvo que estemos ante a) el pago de otro tipo de servicio electoral no computable; b) la invención de un pago para justificar otro gasto injustificable. El interventor hace constar junto a las anotaciones de este apunte que "no se acredita el pago (no hay copia cheque). Pone en factura abono por transferencia". A ver si no es para pensar cualquier cosa, y ninguna bonita.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12475/
MÁS SOBRE LAS CUENTAS DEL PP DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Pagaron a una televisión inexistente

Nadie, que sepamos, ha salido a la palestra a dar una explicación más o menos razonable de los gastos del grupo municipal del PP de Santa Cruz de Tenerife en el mandato 2003-2006, con Cristina Tavío, Maribel Oñate y Guillermo Díaz a la cabeza. Suponemos que darán por buenas las estimaciones hechas por la Intervención General del Ayuntamiento o, de no ser así, prefieren correr un tupido velo y hablar de otra cosa, mariposa, que esta tormenta pasará y nadie se acordará de nosotros cuando estemos tiesos. Pero es necesario insistir en la materia porque la materia da para mucho trajín. Habíamos dejado fuera de nuestros comentarios algunos gastos anotados por los concejales del PP a falta de cierta comprobación, y realizada ésta, estamos en condiciones de afirmar que alguien en ese grupo municipal se inventó pagos y proveedores para dar salida al dinero público asignado. Así, aparece fechado en julio de 2003 un pago de 4.000 euros a Mírame Televisión que es del todo ficticio porque esa cadena, propiedad de Manolo Artiles, se creó en 2005. No olviden que 2003 fue año electoral, y probablemente habría algunos pagos de difícil justificación que había que encajar en el momento en que la Intervención amenazaba con auditar, en 2007.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12474/

Los Sindicatos reaccionan unidos a la Agresión del Gobierno Autónomo

Sindicatos denuncian que la Ley de Función Pública del Gobierno canario "amordaza" a empleados y favorece "los enchufes"

Reclaman la creación de un Observatorio en defensa del sector público
Convocan una movilización y no descartan ir a los tribunales

Los sindicatos CCOO, UGT, Sepca, Intersindical Canaria, Cobas, Convergencia Sindical Canaria y Sindicato Independiente Canario, denunciaron hoy "ilegalidades" en el contenido y la tramitación del borrador del anteproyecto de Ley de Función Pública que elabora el Gobierno regional, texto que alertan de que "amordaza" a los empleados públicos y favorece "los enchufes" y "el clientelismo partidista".
Así lo manifestaron hoy representantes sindicales en rueda de prensa en la capital grancanaria, donde anunciaron una movilización para el próximo 16 de septiembre contra la ley que el Ejecutivo regional (CC y PP) pretende elevar al Parlamento en septiembre para su debate y aprobarla a finales de año, a fin de que entre en vigor en enero. Asimismo, no descartan ir a los tribunales.
El portavoz de CCOO, Javier Godoy, citó como supuestas ilegalidades la "evaluación del desempeño del empleado público", de forma que si el trabajador no acata una orden puede ser sancionado o despedido, aunque ésta sea ilegal. "Tememos que mediante criterios externos de evaluación a la Administración Pública se pretenda castigar al empleado público que no acate la norma aunque vaya contra la ley", aseveró.

UN ERE "ENCUBIERTO"
Además, aludió a la Incapacidad Laboral Transitoria, puesto que "primarán los criterios economicistas frente a los criterios médicos para que un empleado público pueda cobrar el 100 por cien de sus retribuciones a partir del cuarto mes".
Otra protesta es que se hace un corte en la funcionarización del empleado público, algo que "va a ser impuesto y todo el mundo tendrá que ser funcionario sí o sí".
Denunció que se persigue un Expediente de Regulación de Empleo "encubierto porque, con el argumento del déficit público, se va a recortar personal laboral". A ello sumó la ruptura de todos los acuerdos con los sindicatos para garantizar el empleo.
"CLIENTELISMO PARTIDISTA"
Godoy hizo un llamamiento a la unidad sindical en una reunión el próximo 29 de julio en la capital grancanaria para emprender medidas contra dicha ley. Avisó de "un otoño caliente".
Criticó el "discurso envenenado y traicionero" del Gobierno canario, que, en su opinión, "está buscando la apertura de la puerta trasera para que entren a la administración el clientelismo partidista". De hecho, aludió a la creación de la figura del directivo profesional de foirma que va a prevalecer sobre la eficacia de los empleados públicos el que tengan un carné de un partido político.
"El Gobierno de Canarias plantea malvender la administración pública para justificar los favores políticos que tiene que hacer en este mandato", aseveró.
Por su parte, Manuel González, de Sepca, alertó de que el borrador "da carta blanca para un ERE encubierto, y se da la posibilidad de mandar a la calle a aquellos funcionarios interinos que no superen una evaluación de desempeño".
"Supone también que hay funcionarios interinos, laborales temporales e indefinidos de larga duración pendientes de un proceso de conciliación, pero algunos se verán abocados a que no participar en este proceso e irán al paro", alertó el sindicalista.
En su opinión, con estas medidas "sólo se solucionarán los propios bolsillos de los políticos y hacer más grande a la clase política". Recordó a PP y CC que "hay 100.000 empleados públicos que votarán en las próximas elecciones".
CONTRA LA EXTERNALIZACIÓN
Igualmente, Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria, criticó la "ambigüedad" de la Ley y el "discurso hipócrita del Ejecutivo regional al hablar de una administración engordada y de exceso de personal, cuando el número de empleados públicos se ha mantenido constante y sólo ha engordado la administración para colocar a amigos y compromisos políticos derivados de elecciones".
Así, planteó la necesidad "de dar más fuerza a los servicios públicos en detrimento de los chiringuitos creados por el Gobierno como empresas públicas y fundaciones, que han vaciado de contenido a la administración".
"No pueden hablar de adelgazar la administración, cuando hay más de 100 cargos públicos, asistidos por casi 200 asesores, más de 20 empresas públicas y cerca de 30 fundaciones externas con casi 5.000 empleados. Ponen en peligro la independencia de los servicios públicos en las islas", subrayó, al tiempo que denunció la externalización de los servicios
"CONTINUO ATAQUE A LO PÚBLICO"
El portavoz de UGT, Luis Fernando Rodríguez, consideró que el Gobierno regional pretende con la ley "degradar nuevamente a los empleados públicos". "Hace muchos años que la administración regional emprendió una carrera por el deterioro y ataque a lo público y a favor de las contrataciones de empresas de trabajo temporal", señaló.
A su entender, "no se puede permitir que se utilice una ley para enchufar y meter personas dependiendo del carné o del color político". "Asistimos a un continuo y permanente ataque a los empleados públicos", reiteró.
Igualmente, propuso al Ejecutivo regional la creación de un Observatorio en defensa del sector público, lo que interpretó como "una buena declaración de intenciones por parte del actual gobierno".
El representante de Comisiones de Base (Cobas) y Convergencia Sindical Canaria, Manuel Monzón, acusó al Gobierno "de desprestigiar a los funcionarios que son garantes de que se cumpla la legalidad" y recordó que el Ejecutivo autonómico culpó a funcionarios de indemnizaciones millonarias relacionadas con sentencias sobre Tindaya, Montaña Rayada y Tebeto.
Indicó que "en España la administración pública tiene el 22 por ciento de acoso laboral de los trabajadores y en Canarias, según datos de 2004, existe un 17 por ciento". "Hay jefes de servicio destituidos y empleados apartados de funciones por no querer incumplir la ley", avisó.
"SECUESTRO DE LA INDEPENDENCIA DEL TRABAJADOR"
La portavoz de Convergencia Sindical Canaria, Ángela Hernández, aseguró tajante que el borrador de la Ley de Función Pública "pretende amordazar a los trabajadores". "Esto es un secuestro a la independencia de los empleados públicos de Canarias", remarcó.
Además de la movilización convocada para el próximo 16 de septiembre en las islas, se prevén asambleas de delegados de todas las administraciones públicas. Asimismo, los sindicatos elevarán la solicitud de informes al Consejo Consultivo de Canarias por entender "la ilegalidad por la tramitación y el contenido" del documento y enviarán cartas a otras instituciones para advertirles de "lo erróneo que sería aprobarlo".
"Ni la Federación Canaria de Islas (Fecai) ni la Federación Canaria de Municipios (Fecam) no tienen ni idea de lo que se está tramitando", manifestó Javier Godoy, que dijo que las organizaciones sindicales han sido convocadas el próximo lunes a una reunión de la Comisión Técnica de la Mesa General de Función Pública en Tenerife, "un paripé de negociación que será rechazado por los sindicatos", avanzó.

Las centrales sindicales convocan una manifestación para el próximo 16 de septiembre


Los sindicatos anuncian movilizaciones contra la Ley de Función Pública que prentende aprobar el Gobierno de Canarias


miércoles, 21 de julio de 2010

Las centrales sindicales convocan una manifestación para el próximo 16 de septiembre


miércoles, 21 de julio de 2010
Las centrales sindicales convocan una manifestación para el próximo 16 de septiembre
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) Canarias, Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) han anunciado hoy movilizaciones contra el anteproyecto de Ley de Función Pública que está elaborando el Gobierno canario y que "supone una importante merma a los derechos laborales y un riesgo para el mantenimiento del Estado de bienestar".
Las centrales sindicales han explicado hoy en rueda de prensa que las medidas de presión cobrarán cuerpo el próximo 16 de septiembre, jornada en la que tienen previsto "salir a la calle" en protesta por un proyecto de Ley que el Ejecutivo regional tiene previsto aprobar antes de fin de año. Antes, el jueves 29 de julio están convocadas todas las centrales sindicales con representación en la Administración canaria a una reunión que se celebrará en la capital grancanaria, para definir el resto de actividades y el ideario de las movilizaciones.

En resumen, los portavoces explicaron que la modificación de la Ley de la Función Pública que pretende el Ejecutivo regional no persigue “modernizar” sino que “fomentará el clientelismo partidista en la Administración”, y “secuestrará la independencia” de los funcionarios públicos. Con la nueva Ley, según Ángela Hernández de Convergencia Sindical Canaria, “no se sabe en qué manos caerá la Función Pública”, porque pretenden restar capacidad al empleado público para que cumpla con su función principal que es “la de dar fe de que se cumpla con la normativa vigente”. A partir de ahora, afirmó Hernández, podrán “sancionarlo o trasladarlo, si consideran que no cumple con su obligación”.

Los sindicatos critican la tramitación de este proyecto, porque “no se ha informado ni a las centrales sindicales, ni a la Fecai y Fecam”, señaló el portavoz de SCPA, Manolo González. Asimismo, protestan por el contenido. En concreto se oponen a seis puntos relacionados con “la evaluación de desempeño” para “medir las funciones”; el establecimiento de criterios externos de evaluación “que castigarán al funcionario”; en las Incapacidades Laborales Transitorias “primarán los criterios economicistas frente a los médicos” y se pretende “un ERE encubierto”, denunció Javier Godoy, de CCOO. Según este “se piensa plantear un recorte de personal laboral” con la excusa de la necesidad de recortar el gasto público, con lo que “no se garantizan los puestos de trabajo de hoy”. Para ello “se rompen todos los acuerdos establecidos para garantizar el empleo”, insistió.

Los portavoces sindicales recordaron que el Estado de Bienestar “descansa” en el trabajo de los funcionarios públicos, y sin embargo, este es el apartado que “menos ha crecido en los últimos años”. Lo contrario que el número de “amigos de los políticos a colocar” a través de “chiringuitos, fundaciones y empresas externas subcontratadas por la Administración”, afirmó González. Por esto, rechazan las críticas sobre “el engorde de la Función Pública”, ya que “no se puede adelgazar cuando existen más de un centenar de cargos públicos asistidos por casi 200 asesores privados, que hacen el trabajo de los funcionarios”.
Imprimir E-Mail

martes, 20 de julio de 2010

Elecciones, elecciones..oe..oe..oe

La falta de acuerdo CC-PP retrasa el plan de ajuste al próximo otoño


La pugna que, desde hace meses, sostienen los socios de Gobierno de Canarias, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), sigue abierta y amenaza con recrudecerse a medida que se acerquen las elecciones del próximo año. Uno de los principales puntos de fricción entre nacionalistas y populares es el controvertido plan de ajuste, anunciado a ‘bombo y platillo’ por el vicepresidente y consejero de Economía del Ejecutivo, José Manuel Soria, hace ya cinco meses.
Tal y como adelantó este periódico hace un mes, la falta de acuerdo entre CC y PP en muchas de las medidas de ese plan, provocará que no sea presentado hasta el próximo otoño. El propio presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, confirmó ayer lo que era un secreto a voces: que el mencionado plan de ajuste del gasto de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio no se conocerá ni este mes ni durante agosto.
Habrá que esperar hasta “mediados o finales de septiembre”, coincidiendo con la presentación de los Presupuestos de 2011, recalcó Rivero, quien no obstante indicó que Soria tiene previsto llevar dicho plan al Consejo de Gobierno de la próxima semana.
Hasta el momento, el Ejecutivo sólo ha trabajado con “borradores” del plan, documentos sobre los que ha habido muchas discusiones. La mayor parte de éstas se centran en la reducción del número de consejerías y de empresas públicas. No en vano, Soria y Rivero han aireado públicamente sus diferencias respecto a la posible eliminación de entidades como Gesplan, Gestur, la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático o la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
Pese a todo, el vicepresidente y consejero de Economía volvió a garantizar ayer que habrá “unanimidad de parecer” del Ejecutivo en el plan de reestructuración de las empresas públicas, que estará concluido este mes. “La decisión sobre los cambios en el sector público será colegiada”, agregó Soria, quien recalcó “algunas empresas públicas desaparecerán y otras se fusionarán”.
En la orilla opuesta, Paulino Rivero sostiene que no hay “ningún malestar” con el vicepresidente del Ejecutivo, aunque considera que Gestur es “innegociable”, la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático tiene una “estructura mínima” y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información está dando “extraordinarios resultados” y sería una “torpeza” eliminarla.

Publicado en http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/20067/
CC ‘se comió’147.465 euros

Los concejales de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife gastaron en comidas 147.465 euros en el anterior mandato (2003-2007), lo que supuso casi el 67% de los 220.364 euros que recibió del erario público en ese periodo. Así consta en un informe de la Intervención Municipal sobre las cuentas de este grupo, un porcentaje en viandas que el interventor consideró “anormalmente elevado” y que no viene además apoyado por ninguna memoria justificativa.
En viajes, los ediles de CC se gastaron 27.537 euros (12,5% del total de las asignaciones del grupo), en regalo y otras atenciones 9.287 euros (3,75%) y apenas 3.4 un 1,48% en asistencia técnica (entre ella la jurídica),
El órgano fiscalizador detecta que un 18,43% de las facturas presentadas contiene deficiencias formales, por valor total de 42.810 euros, de los que 14.698 se justifican con facturas por bienes o servicios a nombre del Ayuntamiento, lo que, según el interventor, “resulta destacable por su alta proporción”, pues “en la mayoría de los casos se trata de prestaciones que se corresponden con la actividad propia de la Corporación” pero no de un grupo. Otros 4.272 euros se pretende justificar con documentos “ilegibles”.
En otro 10,57% de las facturas presentadas por CC el problema radica en que no se trata de gastos propios de un grupo municipal, como 10.943 euros en regalos, subvenciones y otras aportaciones a asociaciones de vecinos, y 7.486 euros en diverso material inventariable. Intervención advierte además de “gastos no justificados (no se presentan documentos acreditativos)” por un montante de 7.724 euros.
En la contabilidad del Grupo Nacionalista del anterior mandato, destacan las cenas navideñas, dado que en la de 2005 Intervención constata gastos deal menos 10.638 euros; en la celebración de 2006, al menos 5.605 euros, y en la celebración de 2007, 9.559 euros. Los concejales de CC también celebraron varios actos y cóckteles en el Parque Marítimo César Manrique, entre ellos precisamente la cena de Navidad de 2005, con una facturación de 7.434 euros a favor de EventPark SL, que es la empresa que durante unos años celebró los eventos en este recinto público, o un cóctel para 400 invitados por valor de 3.780 euros. En el verano de 2007 surgió la polémica por la celebración de estas fiestas en el Parque Marítimo, hasta el punto de que la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, reconoció que eran ilegales, y ya no se celebraron más, pese a que desde 1996 venían siendo habituales en este espacio previsto sólo la actividad de piscinas y actividades complementarias a este uso principal.
El informe de Intervención cuestiona también que el grupo de CC pagara un curso de protocolo para escoltas del alcalde, que costó cerca de 7.000 euros por distintos conceptos, al igual que la compra de teléfonos móviles, pantalla de ordenador, equipo informático, mascarillas y filtros y sillas y mesas o una cafetera, manos libre o tarjetas de teléfono.

Pero bueno, ponganse de acuerdo


Soria prevé reducir hasta un 50% el número de entes 
El consejero regional subraya que el Gobierno ya conoce el plan de ajuste de 950 millones para 2011



LA OPINION.ES - EFE El vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, aseguró hoy que el Ejecutivo conoce ya el plan de ajuste económico que reducirá en 950 millones los ingresos del presupuesto de 2011.

Así lo manifestó el también consejero regional del Gobierno canario, quien aseguró que todos sus miembros "tienen" también el plan de racionalización del sector público diseñado por este departamento para su aprobación por el Consejo de Gobierno y que prevé reducir, por fusión o eliminación, de "un 45 a un 50 por ciento" las 50 empresas públicas, fundaciones, agencias y organismos autónomos.

Soria subrayó, antes de participar en una reunión del Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental (CAPCAO), que su compromiso fue que estos planes de ajuste económico se elaboraran antes del 31 de julio para que los "tuvieran" los miembros del Ejecutivo y agregó que "ha sido así", aunque el primero de ellos pueda variar "si cambian las previsiones de ingresos del Estado".

El vicepresidente hizo estas manifestaciones después de que ayer el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, aplazara a septiembre la aprobación del plan de racionalización del sector público.

Sobre la reducción de empresas públicas, José Manuel Soria destacó que el Gobierno canario ya ha empezado a ejecutarla, tal y como acordó en su última reunión del Consejo de Gobierno celebrada en La Palma, en la que aprobó la fusión del Instituto Tecnológico de Canarias y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

"Ése es el camino que vamos a seguir con el resto de los entes", dijo.


El Congreso se opone a retrasar la jubilación para salir de la crisis

El Congreso de los Diputados pidió hoy que la salida de la crisis no conlleve "obligatoriamente" elevar la edad legal de jubilación, a través de una propuesta del BNG, enmendada por el PP y que contó con el voto en contra del grupo socialista.
El texto del BNG (grupo mixto) salió adelante por 168 votos a favor, 167 en contra y 12 abstenciones, durante una sesión parlamentaria en la que los diputados se pronunciaron sobre las propuestas de resolución derivadas del Debate sobre el Estado de la Nación.
La resolución insta al Gobierno a apostar por una salida social a la crisis, a través de una estrategia que debe incluir una reforma fiscal, y pide asegurar las actuales prestaciones de los servicios públicos, sin introducir fórmulas adicionales de copago, como se ha sugerido para el caso de la sanidad.
Asimismo, reclama "el refuerzo del sistema público de Seguridad Social como pilar básico del Estado del bienestar, sin introducir modificaciones que recorten las prestaciones existentes en la actualidad ni que conlleven elevar obligatoriamente la edad legal de jubilación".
La matización "obligatoriamente" fue introducida por el PP, que también añadió al texto original que las fórmulas para la ampliación voluntaria de la edad real de retiro, a través de los correspondientes incentivos, se analizarán en el marco del Pacto de Toledo.
La propuesta del Gobierno de retrasar la edad de jubilación a los 67 años ha sido rechazada de forma generalizada por los sindicatos y la mayoría de partidos políticos.
Otras resoluciones de carácter económico aprobadas hoy se refirieron a industria, consolidación fiscal, vivienda o energía.
En este último ámbito salieron adelante sendas propuestas de UPN y Na Bai gracias a los votos del PP, que a cambio las enmendó para que "el principal objetivo de la política energética sea la revisión de los costes del sistema para evitar la subida de las tarifas y peajes".
Asimismo, se aprobó una resolución del grupo socialista para aplicar un plan de ahorro y racionalización de energía en edificios públicos y definir un mix energético para el año 2020, diversificando entre las distintas fuentes de energía.
CiU contó con apoyos tanto del PSOE como del PP en una propuesta para reforzar el sistema financiero, con más liquidez para pymes y autónomos.
También sacaron adelante con aquiescencia socialista la idea de un reajuste, dentro de las disponibilidades presupuestarias, del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación "con el fin de propiciar un amplio parque de viviendas en régimen de alquiler que facilite el derecho constitucional de acceso a la vivienda".
Excelentísimos pero sin cobrar

Los recortes en el Presupuesto estaban siendo objeto de debate en un Pleno del Parlamento cuando el diputado del Partido Popular (PP), Miguel Cabrera Pérez-Camacho, se descolgó instando al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico, José Manuel Soria, a que se «imponga la cordura para asegurar que los presidentes de gobierno no cobrará ni un solo euro cuando dejen de ocupar tan alta función».
El que fuera portavoz del grupo Popular confía en que los partidos con representación en el Parlamento alcancen un acuerdo para «modificar la redacción actual» del proyecto de ley mediante el cual se regula el estatuto de los ex presidentes del Ejecutivo.
A juicio de Cabrera «no se puede permitir que haya ahora prebendas vitalicias para ex presidentes», haciendo énfasis en la situación de «la crisis más grave desde el año 1929».

Enmienda. Por ello, el diputado conservador aseguró que impulsará la elaboración de una enmienda dentro de su grupo -no lo puede hacer de manera individual- en el caso de que no se modifique el texto.
No obstante, el Gobierno a través de su portavoz, ha aclarado en varias ocasiones que la intención del proyecto legislativo no es conceder a los ex presidentes una retribución, sino que se les reconozca un protocolo específico.
Lo que ha inducido a confusión es la forma con la que se ha contemplado la posibilidad de poner a disposición de los ex presidentes los «medios humanos y materiales» para poder llevar a cabo su labor. «Cuando se alude a medios materiales, cabe todo, desde un coche oficial hasta un sueldo», replica el diputado del PP. De ahí que insista en la necesidad de que «los partidos que apoyamos al Gobierno no dejemos una redacción tan abierta como ésta, que permite la concesión de una retribución».
Además, Miguel Cabrera Pérez-Camacho tampoco está de acuerdo con que los expresidentes puedan hacer uso de los vehículos oficiales y de sus respectivos chóferes. «Este tipo de medios están para los que tiene la obligación de desplazarse con diligencia en virtud del cargo que ocupan. Cuando se abandona dicho cargo, se deja todo atrás, coches incluidos», subraya.
El diputado del Partido Popular (PP), Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ha advertido que no tolerará que los ex presidentes de gobierno cobren un sueldo y mucho menos que éste sea vitalicio. Asegura que impulsará una enmienda si no se modifica la redacción actual del proyecto de ley.

Publicado en http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=176154
 

“La Autoridad Portuaria desafía a jueces y fiscales”


 Por Armando Marcos. Periodista

Decía J.W. Goethe que “nadie se da cuenta del esfuerzo y el tiempo que cuesta aprender a leer. Yo estoy en ello desde hace ochenta años y no puedo decir que lo haya conseguido”. ¿Cuántos años lleva tratando de aprender a leer y a hablar con meridiana claridad y con sentido común el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife?  ¿Se ha preguntado alguna  vez Rodríguez Zaragoza si su sabiduría y su coeficiente intelectual podría activarse y desarrollarse en su diminuto cerebro ingresando voluntariamente en Radio Ecca, Emisora Cultural de Canarias? Aún está a tiempo. La matrícula está abierta…
Cuando un presidente de una institución tan relevante como los es la Autoridad Portuaria de cualquier puerto del mundo ofrece una rueda de prensa o concede una entrevista en una emisora de radio, siempre se espera que sus manifestaciones sean de interés general y, como mínimo, inteligibles y sensatas. Pues lo que importa del contenido de una entrevista de un gestor o representante de un ente público como Puertos del Estado o cualquier institución pública o privada, es el mensaje político o empresarial, los detalles del proyecto a ejecutar si se trata de una obra, sus características, el presupuesto, los problemas medio ambientales si los hubiera, situación jurídica, etc. Y ahí se acaba el discurso. En cualquier intervención pública, hay que tener en cuenta que una frase bien construida tiene más eficacia que un discurso de cincuenta folios.


En el “caso” de Rodríguez Zaragoza, este “intelectual” parece que habla para la élite cultural, y no para la gran mayoría. De ahí que nadie lo entienda: ni los listos, ni los inteligentes, ni los analfabetos a los que él, presuntamente, representa a través de su verbo florido y floreado de perfecto inculto procedente de las cloacas del nacionalismo criollo. Miren que perla más brillante pronunciada por R. Zaragoza en una emisora de radio: “Yo soy el presidente de la Autoridad Portuaria, pero de puertos no sé nada” (sic). “Vamos a crear más de trescientos puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos para hacer del puerto de Granadilla un puerto competitivo”. “Las obras se reanudarán en una semana. Ya he dado las órdenes oportunas. Empezaremos sacando millones de metros cúbicos de tierra y piedras para rellenar. Los más de doscientos camiones traerán piedras de una cantera que está por ahí no sé dónde”.


¿Estamos ante un “intelectual” o ante un “analfabeto crónico” que solo dice sandeces y boberías? Mientras que Ben Magec-Ecologistas en Acción considera “totalmente increíble la desfachatez de reiniciar un proyecto tan polémico, irracional, costoso, innecesario y sobre todo, ilegal como el futuro puerto”, Rodríguez Zaragoza dice que “mientras unos advenedizos critican, nosotros, los profesionales, ejecutamos nuestro proyecto porque sí sabemos lo que hacemos”. Mientras que el TSJC avisa de que “la suspensión de las obras del puerto de Granadilla sigue vigente”; mientras que una fuente del TSJC advierte que si la Autoridad Portuaria decide saltarse esta suspensión cautelar, “tendrá que atenerse a las consecuencias; mientras  el ministerio de Medio Ambiente estudia la inconstitucionalidad del Catálogo de Especies, la principal justificación para retomar las obras del muelle del Sur; mientras que el prestigioso abogado José Manuel Rivero, portavoz del colectivo jurista Justicia y Sociedad deja bien claro en Radio San Borondón que “la Autoridad Portuaria vulnera la Ley al dar unilateralmente la orden de reiniciar las obras del puerto de Granadilla”, y señala que “el artículo 132 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa pone de manifiesto que nuestros gobernantes han dado un paso en falso en su afán por complacer las presiones de los empresarios”, el presidente del Gobierno de Canarias y todos sus consejeros, así como “El Analfabeto” de Rodríguez Zaragoza –tanto monta, monta tanto-, desobedecen las advertencias y dictámenes del TSJC.
Las llamadas al diálogo del ministerio de Medio Ambiente y las voces del noventa por ciento de la ciudadanía de Canarias que se oponen radicalmente a la salvajada y al presunto delito ecológico y medio ambiental que pretenden cometer los hoy máximos responsables del Gobierno presidido lamentablemente  y como un castigo para todos los canarios por  el otro “intelectual” llamado paulino Rivero, caen en saco roto. No escuchan, no oyen. Están por encima de la Constitución. ¿Qué puede hacer una sociedad democrática ante un Gobierno supuestamente democrático que actúa  libremente desobedeciendo a los jueces y fiscales que forman parte del TSJC sobre los que, presuntamente, estos servidores públicos “se  mean y defecan ante sus propias narices”? ¿A qué esperamos los canarios para exigir responsabilidades jurídicas y políticas? ¿A qué turbio y turbulento partido juegan el PSC y el PP? ¿A qué esperan los jueces para ordenar la detención inmediata de las obras cuyo reinicio ha anunciado “El Analfabeto” de Rodríguez Zaragoza con el beneplácito del Gobierno del otro “analfabeto” y osado que lo preside? ¿Por cuánto tiempo se van a reír de todo el Pueblo Canario estos energúmenos políticos y putos políticos del tres al cuarto? ¿Hasta dónde se puede tolerar que un Gobierno canario supuestamente democrático cometa hechos antidemocráticos y anticonstitucionales?  “Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra” (Quevedo). ¿Quién es ese hombre o quiénes son esos hombres?


El TSJC debe actuar y condenarlos por desacato a la Ley. El TSJC –jueces y fiscales- no debe consentir que ni el Gobierno ni el presidente de la Autoridad Portuaria los ninguneé y los desprecie. Estos personajes podrán  estar por encima del éxito, del triunfo y del poder económico, pero el TSJC no debe consentir que estos tahúres del Mississippi estén por encima del Poder Judicial ni que la Constitución les suene como un TBO con Mortadelo y Filemón descojonándose de los jueces, fiscales y magistrados. Señor Rodríguez Zaragoza y miembros del Gobierno de Canarias: las críticas no serán agradables, pero son necesarias. Quede claro que, por mi parte, no hay ánimo de injuriar ni de calumniar absolutamente a nadie. Tampoco hay ánimo de  estar por encima del límite  del derecho de respetar el honor y la imagen de los políticos a pesar de ser personas y personajes públicos .No hay animadversión personal. Lo que sí confieso que hay  y  padezco como miles y miles de canarios, es  un estado de desesperación que asumo con todas las consecuencias. Pase lo que pase.

Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/25950/28/

Artículo de Opinion por Rafael LUtzardo

Empleados Publicos, por RAFAEL LUTZARDO

La actual crisis económica engendrada por la nefasta gestión del gobierno de Zapatero, junto con el resto de Europa, motiva malos momentos para los cuatro millones y medios de parados, pero también para los Empleados Públicos de Canarias, especialmente si se lleva a cabo el Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Canaria. Una situación, que se convierte en la más grave de toda la historia de los empleados públicos de Canarias, pues son solo afectará a los trabajadores de las distintas consejerías y organismos del gobierno autónomo, sino también a las corporaciones locales institucionales que están representadas por funcionarios y laborales.

Si esta Ley prospera, la independencia del trabajador público se verá severamente comprometida; viéndose sometidos a la arbitrariedad de los gestores políticos, los cuales serán en última instancia los que decidirán sobre las retribuciones, promociones profesional, el desempeño positivo o negativo del trabajo y sobre la continuidad de los puestos de trabajos de los funcionarios y laborales, y, que en algunos casos podrán amortizar sin ningún tipo de trabas. Del mismo modo, podrán resolver contratos laborales que se derivan de sentencias judiciales o bloquear la carrera profesional si los funcionarios y laborales no son lo suficientemente complacientes.

Así mismo, y si esta Ley prospera, los altos cargos no sólo serán profesionalizados y por tanto desempeñados por funcionarios (que es la línea de lo que está haciendo la administración del estado desde subsecretario para abajo), sino todo lo contrario: la administración canaria podrá llenarse de directivos no funcionarios que gestionarán la cuestión política y decidirán sobre el trabajo de los funcionarios y laborales.

El Gobierno estatal, junto con el regional, con sus propagandas negativas sobre el rendimiento en el trabajo e imagen de los trabajadores públicos de Canarias, han conseguido que una parte de nuestra sociedad tenga un imagen errónea de los funcionarios y laborales. Es hora y momento, para que las organizaciones sindicales se unan, con el objetivo de que los derechos constitucionales de los empleados públicos no se vean adulterados por la propia administración.
Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.net/articulo.php?ida=1047

Coño en que quedamos, el 31 de Julio o en Septiembre

Rivero anuncia que el plan de ajuste de gasto ‘no se conocerá hasta septiembre’ El jefe del Ejecutivo regional subraya que se sabrá cuando se presenten los presupuestos

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado que el plan de ajuste de gasto de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio no se conocerá ni este mes ni durante el mes de agosto y que habrá que esperar hasta "mediados o finales de septiembre" coincidiendo con la presentación de los Presupuestos de 2011.

Rivero reiteró que ese plan, que el consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, tiene previsto llevar al Consejo de Gobierno antes de que finalice julio, "se sabrá cuando se presenten los Presupuestos".

“Lo que haya que hacer lo haremos con el Presupuesto”, insistió Rivero, tras visitar las instalaciones de Gesplan en la capital grancanaria. “No tiene ningún sentido ahora”, señaló. El presidente canario negó que Hacienda diga algo, “Hacienda no dice nada”, dijo, “es el gobierno en su conjunto el que dice en los presupuestos de 2011, por lo tanto, en septiembre, veremos qué cosas podremos racionalizar”.

Tras la visita a la citada empresa pública, Rivero participó en la presentación de los actos con motivo del 30 aniversario de los estibadores del Puerto de Las Palmas, y allí, a preguntas de los medios sobre la misma cuestión, el presidente recordó que el Gobierno de Canarias “es el único” que ha venido haciendo “su plan de ajuste desde 2008”, tras “reconocer que venía la crisis económica” y “esperamos resultados”.

El ajuste se ha hecho, en 2008, en “el ajuste de los salarios de los altos cargos, las complementarias a todos los trabajadores públicos de Canarias o un recorte de gasto en más de 600 millones desde 2008”. De cara a 2011 el ajuste “continuará”, y “se reflejará en el proyecto de presupuestos de ese año”. Ahí “se habla de todo, ajuste de gasto y reajuste en las empresas públicas”. Recordó que en estos momentos existen algo más de 50 empresas que “pueden quedar en torno a 25-30”.

Este reajuste se hará con “la tranquilidad” de que “no hay que precipitar nada hasta el proyecto de presupuestos de 2011”, que “comenzaremos a trabajar ahora y se presentarán las primeras líneas en el mes de septiembre”.
El Gobierno canario insta a "mejorar" la información de los medios sobre los casos de violencia de género

Rojas considera a los medios de comunicación "una de las herramientas fundamentales para poder cambiar las cosas en la sociedad y crear concienciación".

La consejera de Bienestar social, Juventud y vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, instó hoy a "mejorar" la información que ofrecen los medios de comunicación en relación a los casos de violencia de género.

Momentos antes de guardar un minuto de silencio en Las Palmas de Gran Canaria por la última víctima mortal en La Orotava (Tenerife), Rojas animó a la "reflexión" de cómo se informa y "si incluso se debe informar", con "datos rigurosos, con una base trabajada y de investigación" para averiguar si, así, se podrían salvar vidas.

La consejera lamentó la muerte de una mujer de 49 años de edad en la localidad tinerfeña "a manos" de su compañero sentimental, que permanece ingresado en un centro hospitalario tras intentar quitarse la vida. Rojas dio su "más sentido pésame a toda" la familia y entorno de la víctima".

Igualmente, quiso "dar el pésame a toda la sociedad canaria porque debemos sentir una patada en las entrañas una vez más" y también rechazó "absolutamente que haya hombres capaces de hacer una cosa de éstas".
Rojas consideró a los medios de comunicación "una de las herramientas fundamentales para poder cambiar las cosas en la sociedad y sobre todo crear concienciación".
"A la vista de los datos obtenidos en los últimos años, a poquito que uno los investigue un poco te planteas varias cosas, la primera es cómo estamos informando, qué cosas decimos, qué datos damos, porque lo que pretendemos con una muerte más de una mujer es que toda la sociedad rechace que haya hombres capaces de matar a una mujer sólo por el hecho de ser mujer y nos gustaría que la información fuera encaminada a que la sociedad se concienciara contra ellos", alegó.

Sin embargo, en su opinión, si se publica que "el vecino dice que era un hombre bueno que no sabe qué le ha podido pasar; si se dice que la mujer no había denunciando nunca y se deja la responsabilidad en ella; o si se dice que había denunciado, pero luego retiró la denuncia," entonces cuestionó si se busca "alguna excusa o justificación de esa muerte".

INFLUENCIA EN EL AUMENTO DE CASOS

A su entender, "no hay ninguna justificación", al tiempo que animó a reflexionar sobre "por qué se abre un caso y a continuación hay tantos seguido". "Por qué en dos meses hemos tenido tantos asesinos en Canarias que han matado a mujeres", añadió.

Recordó que en el año 2008 murieron 9 mujeres en Canarias, 90 en España y 900 en Europa y de las nueve de las islas a seis "las mataron en diciembre". "En 2009 pasó lo mismo en aquellos fatídicos meses de abril y mayo", indicó.

Asimismo, manifestó que "la víctima de violencia de género" está protegida en el archipiélago, donde dispone de una cantidad de recursos "que le garantizan su seguridad y la de las personas que dependen de ella".

No obstante, cuestionó "dónde está él, quién se está acercando al maltratador". "Él está viviendo por ahí tan tranquilo y tan feliz y estamos pendientes de la mujer, de que ella viva pendiente de si él está cerca", aseguró Rojas, que lamentó que, a pesar de la vigilancia, el presunto agresor "se cuela en un domicilio y ejecuta quitarle la vida a una mujer".

Publicado en http://www.indicesiete.com/canarias/News-article-sid-18118-topic-18.phtml
El "contrato canario" roza la vulneración de derechos laborales

Los sindicatos UGT y CC.OO. en Canarias pidieron ayer que se reforme el llamado contrato canario que a su juicio roza la vulneración de derechos laborales

Mientras, el consejero canario de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez, argumentó que se pondrán en marcha tres programas para incentivar 11.000 contratos por parte de pymes y autónomos.

Las diferentes posturas sobre la situación laboral en Canarias fueron expresadas ayer en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de una reunión extraordinaria del Consejo General de Empleo, que pidieron los sindicatos UGT y CC.OO. para analizar las cifras del desempleo en el Archipiélago.

Sin embargo, Rodríguez dijo en un receso de la reunión que cuando se debatió el punto relativo a las nuevas iniciativas para incentivar el empleo en Canarias, para su “sorpresa”, los sindicatos no presentaron ninguna.

Con anterioridad, el secretario de Formación y Empleo de UGT en Canarias, José Lorenzo López, señaló que los sindicatos creen que no se debe de abordar el llamado contrato “alemán” o “canario” de la forma en que proyecta el Gobierno regional.

“De alguna manera se está rozando la vulneración de derechos de los trabajadores, como en las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que es grave porque no se puede dejar a los trabajadores en un limbo mientras se les está formando. Esto hay que abordarlo con total garantía para los trabajadores”, añadió.
Los sindicatos también reclamaron que la formación en pequeñas empresas, de menos de diez trabajadores, debe de estar ligada al mantenimiento del puesto de trabajo.

Publicado en http://indicesiete.com/canarias/Article18125.phtml

Lo dice el Presidente Soria, perdon en que estaria yo pensando

José Manuel Soria: “He dicho que el Gobierno vería el plan de ajuste antes del 31 de julio

Canarias/ El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, confirmó este martes que “el Gobierno vería el plan de ajuste antes del 31 de julio y es literalmente así”, en referencia al anuncio realizado ayer por el jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, quien posponía hasta septiembre la publicación de los recortes a realizar dentro de la Administración autonómica.

“Los miembros del Gobierno no sólo verán el plan de racionalización del sector público, sino también el plan de ajuste global de la Comunidad, donde si no cambian las previsiones de ingresos del Estado, habrá un recorte de 950 millones de euros para el próximo año” , expuso el responsable económico regional, antes de la reunión del Consejo Asesor para el Comercio con África Occidental en el que se aglutinan representantes de las administraciones públicas central y autonómica, celebrado este martes en la Delegación del Gobierno en Canarias.
José Manuel Soria señaló, en referencia a la racionalización del sector público, que de un total de 50 entes (agencias, empresas públicas, fundaciones y organismos autónomos) que existen en la actualidad “la Consejería de Economía y Hacienda ya ha dado a conocer a todos los miembros del Gobierno la rebaja de un 45 o un 50 por ciento en el número de entes, ¿cómo? Fusionando algunos y desapareciendo otros”.

En esta misma línea, Soria apuntó que en el último Consejo de Gobierno, celebrado en Santa Cruz de La Palma, “dos de estos entes han quedado en uno, puesto que se ha aprobado la fusión entre el Instituto Tecnológico de Canarias y la Agencia Canarias para la Innovación. Ese es el camino que seguiremos con el resto de los entes”, subrayó.

¿ Quien manda en el Gobierno ? Soria o Paulino

SORIA CORRIGE A RIVERO. El Gobierno verá el plan de ajuste antes de fin de mes

Según el vicepresidente se producirá un recorte de hasta el 50% en el número de entes públicos mediante fusiones y desapariciones.

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, confirmó este martes que “el Gobierno vería el plan de ajuste antes del 31 de julio y es literalmente así”, en referencia al anuncio realizado ayer por el jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, quien posponía hasta septiembre la publicación de los recortes a realizar dentro de la Administración autonómica.

“Los miembros del Gobierno no sólo verán el plan de racionalización del sector público, sino también el plan de ajuste global de la Comunidad, donde si no cambian las previsiones de ingresos del Estado, habrá un recorte de 950 millones de euros para el próximo año” , expuso el responsable económico regional, antes de la reunión del Consejo Asesor para el Comercio con África Occidental en el que se aglutinan representantes de las administraciones públicas central y autonómica, celebrado este martes en la Delegación del Gobierno en Canarias.
José Manuel Soria señaló, en referencia a la racionalización del sector público, que de un total de 50 entes (agencias, empresas públicas, fundaciones y organismos autónomos) que existen en la actualidad “la Consejería de Economía y Hacienda ya ha dado a conocer a todos los miembros del Gobierno la rebaja de un 45 o un 50 por ciento en el número de entes, ¿cómo? Fusionando algunos y desapareciendo otros”.
En esta misma línea, Soria apuntó que en el último Consejo de Gobierno, celebrado en Santa Cruz de La Palma, “dos de estos entes han quedado en uno, puesto que se ha aprobado la fusión entre el Instituto Tecnológico de Canarias y la Agencia Canarias para la Innovación. Ese es el camino que seguiremos con el resto de los entes”, subrayó.

Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/142930/